El rating de la tortura

Pasaron más de cinco lustros desde que, de boca del primer presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, el doctor Jorge Carpizo, brotaron estas palabras lapidarias.

“Ni sádicos ni trastornados. Los policías que torturan están convencidos de que están llevando a cabo una de las actividades propias de su labor. Saben que en la mayoría de los casos, aunque se les pase la mano y lleguen incluso al homicidio, no tendrán castigo porque sus jefes, por sentido de equipo, los defenderán o encubrirán”.

Era 1990, cuando se creó la CNDH, no por bondad de la política ni por la conciencia moral del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, sino por exigencia y requisito sine qua non de una especie de bono de derechos humanos para que México pudiera suscribir el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá.

Por la época se solía llamar a la tortura “la reina de todas las pruebas”, el método más eficaz y rápido por el cual obtener confesiones autoinculpatorias de los detenidos. De hecho se clasificó en el primer lugar entre todas las violaciones a los derechos humanos que se denunciaban ante la CNDH, que nació un año después del asesinato de la abogada defensora de derechos, la sinaloense Norma Corona Sapién, a manos de policías corruptos.

Después de Carpizo, encabezaron la CNDH Jorge Madrazo y Mireille Roccatti. Luego vino José Luis Soberanes y en su mandato la tortura descendió en la escala de denuncias, inexplicablemente, a un sitio más allá del 30. México parecía así un país que avanzaba y apenas si violaba la Convención de Naciones Unidas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Pero resulta que en la clasificación de delitos está la trampa. Si alguien quiere, aquel video viral de abril de 2016 de una mujer siendo golpeada con un arma larga, con conatos de ejecución mientras le colocaban una bolsa de plástico para asfixiarla, podría no estar en el registro de torturas. Cometieron el abuso extremo militares y policías federales en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Los perpetradores podrían haber aparecido culpables de abuso de autoridad, allanamiento de morada, detención arbitraria, retención prolongada sin presentar a víctimas ante un MP, empleo arbitrario de la fuerza pública, violencia desproporcionada durante la detención… Todo menos tortura, por lo cual desaparecería de ese registro, aunque una cabo militar la amenazaba, según la videograbación: “Pinche vieja dramática, si estabas respirando, hija de tu puta madre. ¿Ya te acordaste o quieres más bolsa? ¿O quieres agüita o quieres toques?”.

En fin, el raiting de la tortura sube o baja a conveniencia. De 2000 a 2014 llegaron a la CNDH 9 mil 998 quejas por tratos crueles, inhumanos y degradantes, y 136 sobre tortura. Eran 219 y 273 en los años de 2003 a 2004 y la cifra se disparó a más de dos mil por año, ya en plena guerra de Calderón contra el narco.

Este 19 de enero la PGR creó la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, enésimo instrumento que México impulsa en el tema. Hay quienes ven sólo un órgano a la medida para que el Gobierno Federal frene las pesquisas de autoridades de Chihuahua, pues ya jalan el hilo de los desvíos de dinero del erario a los estados, método corrupto de allegar recursos a las campañas políticas del PRI. Las denuncias por torturas a Alejandro Gutiérrez, exbrazo derecho de Manlio Fabio Beltrones, no son inocentes. Ni su traslado a un penal federal.

 

[email protected]