En la PGR, sólo simulación

 

Esa instancia que debiera estar al servicio de las más sentidas demandas de la ciudadanía, pero que se convirtió ya en aparato manipulador de la verdad dentro y fuera del país


La simulación es peor que la corrupción, la violencia y la impunidad juntas. Es el colmo de las tres lápidas que, una sobre otra, están sepultando la mínima posibilidad de convivencia en paz entre los mexicanos.

PSR podría llamarse (Procuraduría de la Simulación de la República) y ya no PGR (Procuraduría General de la República) a esa instancia que debiera estar al servicio de las más sentidas demandas de la ciudadanía, pero que se convirtió ya en aparato manipulador de la verdad dentro y fuera del país. Filtra videos para criminalizar a un candidato de oposición al que investiga por probable lavado de dinero; frena investigación en contra del exdirector de Pemex Emilio Lozoya y simula investigar el caso de los 43 desaparecidos en Iguala al decir que tiene avances “relevantes y alentadores”, que puede arrestar a otros 30 implicados y hasta determinar cuál fue el móvil de la brutal embestida contra los estudiantes de Ayotzinapa, pero no ofrece dato alguno al comparecer en Bogotá, Colombia, en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esta nueva PSR juega peligrosamente el prestigio del país en instancias internacionales como si ellas fueran ignorantes. Alega que la reserva de las investigaciones le impide dar a conocer pormenores de los avances en el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas y anuncia logros en forma genérica y ambigua.

Es inconcebible que el Gobierno Mexicano afirme, en audiencia pública internacional, que la fiscalía del caso Ayotzinapa obtuvo información “por demás importante”, que incluiría el esclarecimiento del móvil a través del arresto de 30 personas, detención solo hipotética que no ha ocurrido aún, que se sepa. Las indagatorias, según el fiscal Alfredo Higuera Bernal, deben mantenerse en reserva y ello impide al gobierno “entrar en detalles en una audiencia pública”. ¿Cómo puede saber la autoridad investigadora que logrará definir el móvil si aún no aprehende a los 30 supuestos involucrados, entre delincuentes y policías municipales, según aventuró? Higuera declaró a varios medios de comunicación que está descartada la hipótesis de que en alguno de los cinco autobuses que estuvieron en posesión de los normalistas hubiese existido una carga de droga (goma de opio o heroína).

Pronto se determinará quiénes “orquestaron y actuaron en contra” de los normalistas. En el lenguaje sibilino de este funcionario se adivina más de lo mismo. Autoridades locales exclusivamente, aliadas con criminales, fueron las culpables de la desaparición de 43 personas, el asesinato de otras seis y las lesiones a varias decenas más en la noche fatídica del 26 al 27 de septiembre de 2014.

Sólo que los padres de los estudiantes no le creen a esta Procuraduría de la Simulación.

“Quieren dar carpetazo, pero nosotros no aceptamos ninguna conclusión hasta dar con el paradero de nuestros hijos. No hay avances, no hay más personas detenidas, no se investiga a los militares. Entonces ¿por qué quieren cerrar el caso?”, se pregunta Hilda Legideño Vargas, madre de uno de los desaparecidos, Jorge Antonio Tizapa Legideño.

El Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) sabe que, desde Los Pinos, se ordenaba negarles información. “Hubo una operación desde altos niveles del Estado para dar la apariencia de que se estaba haciendo algo, cuando realmente no se estaba haciendo nada”, reveló la abogada colombiana Ángela Buitrago, exintegrante del GIEI.