“Fantasma” y lavado

 

Detectar empresas “fantasma” es una tarea que se acelerará


Detectar a tiempo empresas “fantasma” es una de las tareas que se acelerarán, ya que se convirtió en uno de los temas más escandalosos en días recientes.

El objetivo es detectar negocios que participan en los procesos de licitación y tengan validez para el que el dinero tenga un destino adecuado.

Y es que en lo que va del año, se han identificado a unas 40 mil empresas conocidas como “facturera” o “fantasma”, pues sin tener los recursos materiales para proveer servicios, emiten facturas a los contribuyentes para que éstos deduzcan o disminuyan sus impuestos.

Este tipo de empresas deben estar más vigiladas, pues por medio de éstas se puede llevar a cabo el lavado de dinero.

Lo que se ha detectado a través de las experiencias internacionales que una técnica de relevancia para el blanqueo de capitales provenientes de diversos delitos se basa en la creación de empresas “fantasma” en uno o más países, con la finalidad de mover recursos por medio de esas organizaciones fachada.

En México, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, se señalan en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, y se conoce como lavado de dinero, lo cual es considerado un delito grave.

Este tipo penal se persigue de oficio por la Procuraduría General de la República (PGR), salvo que se realice mediante el sistema financiero, situación en la que requerirá de querella por parte de Hacienda.

Lo que se debe tener claro es que el objetivo primordial del lavado de dinero es procesar las ganancias obtenidas de actividades ilícitas, de manera tal que se transformen en lícitas, ya sea disfrazándolo, ocultándolo o mezclándolo de forma que se dificulte, evite u oculte su verdadera procedencia, a través de las diversas modalidades en las que se puede incurrir y que la propia legislación marca como tipos penales.

La evolución del lavado de dinero ha generado la necesidad constante de adaptar el marco normativo para combatirlo, lo cual, aunado a la imposición de obligaciones a un mayor número de agentes económicos, requiere de un debate basado en información clara y contundente respecto de los costos y beneficios derivados del combate al lavado de dinero.

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@drcamartinez