Fiscal que victimiza a víctimas

“ Hay actores que hacen de la manifestación (pública) su forma de vida”, se atrevió a decir, a la defensiva, el nuevo fiscal especializado en Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, José Raúl Rivera Rivera, en el marco de otra declaración estigmatizante: que se revictimiza a los familiares de desaparecidos por el hecho de incluirlos en marchas y plantones, en protestas públicas, porque se les reactiva el estrés postraumático.

Curiosa manera de valorar la solidaridad y el acompañamiento de organizaciones civiles y de los colectivos que apoyan a los familiares de personas desaparecidas.

Decenas de grupos y de expertos en acompañamiento psicosocial a las víctimas de este delito de lesa humanidad dieron hace un par de días respuesta puntual a un funcionario recién nombrado después de que la Fiscalía permaneció acéfala desde noviembre de 2017, tras la renuncia de María Teresa Medina Villalobos. No solamente desconocedor del tema –se lo han expresado quienes buscan a sus familiares entre más de 4 mil desaparecidos en Jalisco y eso es parte del enojo que lo hizo reclamar de manera ofensiva–, el fiscal Rivera se equivoca al tratar de restar legitimidad y descalificar a la organización y los apoyos mutuos entre familiares, pues “las marchas y manifestaciones públicas son una forma de afrontamiento positivo frente a las desapariciones forzadas y por particulares, así como frente a la impunidad”.

En esos espacios públicos es posible romper el aislamiento y la privatización del daño, que es colectivo en función de que son decenas de miles las víctimas de desaparición que la sufrieron desde fines de los años 60 hasta épocas recientes en que el fenómeno se agudiza por la declaratoria de guerra al narcotráfico del expresidente Felipe Calderón.

Los expertos no creen, contrario a lo que expresó Rivera, que las marchas y otras protestas colectivas que organizan o acompañan los familiares, “los hagan sufrir”.

Por el contrario, ellos encuentran un sostén subjetivo que les permite seguir viviendo en medio de la peor tragedia y así enfrentar el olvido, la impunidad y las injusticias.

La memoria de los ausentes se mantiene y alimenta de diversas formas creativas, como renombrar lugares:

el predio “La Ley de la Verdad” en Lagos de Moreno, la “Glorieta de las y los desaparecidos”, en Guadalajara; iniciativas como Bordamos por la paz o Cuerpos sin duelo.

Tienen razón los expertos en recordarle al insensible fiscal que las expresiones públicas de exigencia de búsqueda de personas y de justicia “contribuyen a visibilizar la problemática y tienen un sentido reparador, en la medida en que abonan a que los hechos no se repitan”.

No sólo los familiares de personas desaparecidas organizados en colectivos muestran gran capacidad propositiva para dar fin a esta tragedia nacional, sino que realizan labores de búsqueda e investigación que debiera afrontar un Estado lento, incompetente y omiso.

El fiscal criticó que no percibe propuestas para mejorar el sistema de justicia, para ayudar a la fiscalía, para apoyar a los que apenas van llegando a esta nueva responsabilidad, como si los familiares solamente se dedicaran a criticar. Mostró tener la piel demasiado delgada.

Por ello, los expertos exigieron que el fiscal comience por rectificar sus dichos y reconozca y favorezca las formas de participación colectiva de las víctimas, de acuerdo con su mandato, y no las revictimice favoreciendo, en los hechos, a la impunidad.