Fuera corrupción

La corrupción es un complejo concepto de definir y que quede claro. En el país los empresarios pierden hasta 10 por ciento de sus utilidades en costos de operación por sobornos y pagos extraoficiales. Este “diezmo” va a parara a una cifra negra, pero que forma parte de una percepción existente entre los mexicanos. “La corrupción no se encuentra en peligro de extinción”.

En el esquema del nuevo plan anticorrupción faltan por establecerse los sistemas locales anticorrupción que deben armonizarse con el sistema nacional y está pendiente la designación de los 18 magistrados para el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), órgano responsable de juzgar los casos graves de corrupción, tanto de funcionarios públicos como de particulares.

La preocupación del sector privado del país crece ya que está decidido a poner de su parte para detener la corrupción desde su trinchera bajo la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que impone duras sanciones a las empresas por soborno, tráfico de influencias y uso indebido de recursos.

Sin embargo, esta práctica es un mal globalizado. En América, por ejemplo, en 2015 estuvo caracterizado por el descubrimiento de inmensas tramas de cohecho, Transparencia Internacional, que publica anualmente el índice de corrupción más usado en el mundo, señala que estos hechos puedan estar marcando el principio del fin de la corrupción galopante que azota a la región.

De los 168 países analizados por la organización en 2015, sólo tres naciones de América Latina (Uruguay, Chile y Costa Rica) obtuvieron calificaciones superiores a los 50 puntos (74, 70 y 55, respectivamente) en el índice, que clasifica a los países en una escala de cero (percepción de muy corrupto) a cien (percepción de ausencia de corrupción).

Sentar las bases para combatir la corrupción y, por añadidura, dar mayor transparencia al ejercicio de gobierno es una labor titánica. Sin embargo, el trabajo impulsado debe formar parte de una agenda generalizada para el gobierno y la iniciativa privada.