Guerrero: crisis de seguridad por AMLO y sus protegidos

A pesar de que la crisis de inseguridad en Guerrero comenzó alrededor del 2000 con la derrota presidencial del PRI y con el arribo del perredismo lopezobradorista al control estatal y municipal, ahora el caudillo de Morena Andrés Manuel López Obrador se prepara a recuperar la plaza estatal en manos del PRI.

El problema del gobernador estatal priista Héctor Astudillo ha radicado en que la estructura de poder perredista-morenista en la entidad ha impedido la construcción de un nievo tejido social-político, pues el perredismo en Guerrero desde el 2005 con Zeferino Torreblanca, Ángel Aguirre Rivero, Lázaro Mazón, ahora el reciclado Félix Salgado Macedonio y las complicidades del alcalde igualteco José Luis Abarca mantiene el control de las redes de poder.

Ahora el principal conflicto en Guerrero se localiza en las guardias comunitarias que carecen de control institucional, poseen armas y sobre todo están penetradas por el crimen organizado, además de responder a los liderazgos políticos perredistasmorenistas. La reciente incorporación de Salgado Macedonio a Morena, bendecida personalmente por López Obrador, fue un pésimo mensaje para Guerrero porque la estabilidad de Acapulco se complicó con el periodo salgadista 2005-2008.

Las policías comunitarias fueron el reconocimiento de que las estructuras institucionales de seguridad eran incapaces de garantizar la tranquilidad en zonas calientes del territorio, pero se convirtieron desde finales de los 90 en poderes autónomos que rompieron los equilibrios. La violencia en el estado ha estado asociada a dos vertientes: la política (guerrilla) y la criminal (narcos), y en las dos aparecen perredistas-morenistas.

El arribo de Astudillo a la gubernatura el 2015 marcó una inflexión en la estrategia de seguridad por la presencia del Ejército, la Marina y la Policía Federal, cuyo nivel de aceptación, en encuestas del Inegi, es mayor a la media nacional. Esta relación de seguridad estado-Federación le permitió a Astudillo aumentar la percepción de gobernabilidad política medida, para las variables guerrerenses, por el nivel de ocupación de la industria hotelera que rebasó 90 por ciento en este último puente de noviembre.

En estos dos años se recrudeció la violencia como producto de los enfrentamientos entre bandas. Pero detrás de estas matanzas existe una disputa territorial entre los cárteles y una redocumentación de las relaciones de poder con los liderazgos perredistasmorenistas. El regreso de Ángel Aguirre Rivero en algún cargo legislativo en 2018 tiene que ver con la reincorporación de Salgado Macedonio a López Obrador.

Aguirre fue pieza del PRI operada por Marcelo Ebrard Casaubón para pasarse como candidato del PRD a la gubernatura en 2011, pero obligado a renunciar por su presunto involucramiento en el caso de los 43 normalistas secuestrados por la policía municipal de Iguala por instrucciones del alcalde perredista-lopezobradorista José Luis Abarca.

La tarea de Astudillo ha sido, en este contexto, tratar de romper la red de poder política-criminal en Guerrero, sólo que apoyado exclusivamente por las Fuerzas Armadas y el operativo de seguridad supervisado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Pero esta tarea será más larga si las fuerzas sociales no se vuelven a tejer en torno de una gobernabilidad política y no criminal.

Por lo pronto, la percepción de inseguridad general ha bajado en Guerrero y la última encuesta del Inegi la ubica en 53.2 por ciento, debajo de la media nacional de 59.1 puntos porcentuales. Pero esa percepción podría de nuevo dispararse si la Federación no le da prioridad al enfoque social y político de la inseguridad.

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