Insólito: la Marina rectifica

Contra toda lógica, la Secretaría de la Marina (Semar) insistía en desmentir lo obvio: que hubo víctimas civiles, una mujer y dos pequeñitas de 4 y 5 años, a causa de ráfagas de proyectiles desde un helicóptero de la Armada contra presuntos delincuentes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Contra toda expectativa, también, la Semar rectificó y admitió que sus disparos efectivamente mataron a la familia que viajaba en un automóvil particular.

No perecieron por balas de los atacantes, grupos de supuestos integrantes del Cartel del Noreste que esa noche emboscaron hasta en tres ocasiones a los marinos, como insinuaban los reportes oficiales. No había pretensión alguna de ocultar ni minimizar el dolor de los civiles afectados, reconoció la Marina, sino que los reportes iban dándose “con lo que se contaba en ese momento”.

¿Y las declaraciones de su abogado Juan Velázquez, de que era un buen negocio hacerse las víctimas para cobrar millonarias indemnizaciones que afectados y las organismos defensores luego se repartían? ¿Y la falsa insinuación de que el auto iba a recoger a un pariente que habría participado en las refriegas?

Faltaría una disculpa pública y no enfocarse en la “reparación del daño” económico, sino en la reparación moral y médica para el papá sobreviviente Efraín Rojas Santos, de 25 años, y para una de sus sobrinas que viajaba también en el auto.

Es necesario que la investigación llegue a sus últimas consecuencias, que sean autoridades civiles las responsables de la indagatoria y establecer responsabilidad de quienes cometieron los crímenes, aún cuando fueran involuntarios o por errores de cálculo de los operadores desde el aire. Y es que la única garantía de no repetir este tipo de hechos, que afectan a civiles inocentes, radica precisamente en que el tema no termine en la impunidad, más allá del reconocimiento público de la pifia, que estaba muy lejos de ser un “ataque disuasivo”.

Fueron los servicios periciales de la Procuraduría General de la República (PGR) los que establecieron claridad en los hechos ocurridos en la noche del 24 y la madrugada del 25 de marzo, hace dos semanas.

Además de la señora Nellely Aidé Ruiz y sus dos hijitas, perecieron dos marinos en esas emboscadas y 12 resultaron con graves lesiones. Tres de los agresores murieron también de forma violenta.

El director de Servicios Periciales de la PGR, Anselmo Apodaca, explicó a los medios informativos que los disparos que impactaron al vehículo donde iba la familia Rojas Ruiz ocurrieron cuando el helicóptero de la Marina viró en el aire para disparar contra los delincuentes:

“El vehículo de la familia pasa ubicándose de manera circunstancial en la línea de fuego del enfrentamiento de la Semar con los civiles armados”. La Marina empleó el mismo adjetivo, “circunstancial”, al asumir la responsabilidad de haber hecho disparos contra un vehículo civil ajeno a los eventos.

Decíamos hace una semana, que “el resultado es el mismo cuando el eje de la estrategia gubernamental contra la delincuencia organizada está apoyado en la confrontación armada callejera”.

Lo que habría qué discutir, a partir de este caso, es la pertinencia o no del paradigma punitivo en la lucha antinarco. Si no hay necesidad de ensayar otros caminos, como privilegiar la inteligencia, la seguridad ciudadana, el ataque a las finanzas de los criminales y la cero tolerancia para las autoridades que encubren y garantizan impunidad a la delincuencia.