Algunas presiones hacia el final de la gestión de EPN

 

Se debe reforzar la certidumbre jurídica a la propiedad


Aun con las acertadas Reformas Estructurales, 2015 y 2016 han sido dos años con un notorio incremento de los riesgos internos y externos en la economía mexicana. Sin duda, los niveles de empleo e inflación se registran como positivos frente a las menores escalas esperadas en el crecimiento económico y respecto a la altísima depreciación del peso frente al dólar estadounidense.

En el segundo tercio del sexenio pasamos de tener altas expectativas en el crecimiento económico a una gran incertidumbre, situación que se acentúa por el debilitamiento del peso y la caída en el precio del petróleo.

En 2016 el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá más cerca del dos por ciento. La tendencia ha sido reduccionista en comparación con las expectativas al inicio de año, y para 2017 hay una perspectiva un poco más expansiva de 2.5 por ciento.

En 2018, podríamos tener un crecimiento de tres por ciento, según el Banco Mundial.

En el contexto internacional crecer a 2.5 por ciento promedio no está mal. El problema es que no alcanza a compensar desbalances como el endeudamiento. S&P y Moody’s cambiaron de estable a negativa la perspectiva del país, ante la ausencia de un superávit primario en materia hacendaria.

El endeudamiento neto del gobierno registrará este año 45 por ciento del PIB y podría llegar hacia el cierre del sexenio alrededor de 48 por ciento; el doble que al inicio de la administración.

Los ingresos petroleros representan uno de los puntales de las finanzas públicas, pero la baja en el precio del crudo a nivel mundial y la disminución de la producción (de 2.3 millones de barriles en el inicio del sexenio a 1.9 millones este año) ocasionan que los ingresos por petróleo también caigan significativamente. Por fortuna, los ingresos tributarios en 2015 aumentaron 27.2 por ciento y las remesas alcanzaron un nivel histórico para primer semestre, sumando 13 mil 200 millones de dólares.

Se debe reforzar la certidumbre jurídica a la propiedad, para lo cual el gobierno deberá demostrar habilidad necesaria con el fin de que los problemas políticos no migren a la economía.

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