Jueces condenan a falsos culpables

En las antípodas de la procuración e impartición de justicia, exponemos aquí dos ejemplos de cómo un poderoso libra la cárcel por mentiras de los marinos que lo capturaron, mientras un ciudadano común, obligado bajo torturas extremas a firmar su propia confesión en hojas en blanco, permanece hace más de seis años en prisión.

A la defensa de Alfredo Cárdenas Martínez, apodado “El Contador”, sobrino del capo Osiel Cárdenas Guillén, le bastó ofrecer a un juez los videos captados por las cámaras de su residencia, para mostrar cómo fue capturado por elementos de la Marina allí y no en una peliculesca persecución este 20 de febrero en Matamoros, Tamaulipas.

Las videograbaciones, que otros jueces no consideran prueba plena, aquí bastaron para que “El Contador” obtuviera su libertad en 48 horas. Ya el juzgado ni siquiera fue al fondo de las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero.

En cambio a Pablo Solórzano Castro, igualmente detenido en su casa de interés social en el Estado de México (mayo 12 de 2011), no hubo videocámaras que lo salvaran del allanamiento y de imputaciones falsas de haber participado años antes en el secuestro y muerte del jovencito Fernando Martí Haik.

Sin prueba material alguna de la culpabilidad de Solórzano Castro, la jueza primera de Distrito de Procesos Penales Federales en Toluca, Nadia Villanueva Vázquez, lo condenó a 452 años, 8 meses y 25 días de prisión.

Pablo –un ex policía capitalino que fue escolta del procurador Bernardo Bátiz– logró que una magistrada, consciente de tan insólita, arbitraria y descomunal sentencia, la revocara en mayo de 2016. Eso no alcanza para aliviarlo de su injusta prisión; solamente prolonga su proceso al devolver el caso a la situación en que se hallaba antes de la absurda condena a varias vidas tras las rejas.

Contra Pablo Solórzano existe un único dicho de un único testigo –Noé Robles Hernández, también llamado Noé Abraham Soto García, alias El Chimuelo, El Esquéletor, El Cua Cua, El Jaimono–, quien a su vez fue torturado para involucrar a Pablo. Ese mismo individuo –bajo su nombre real o sus apodos– es testigo en hasta unos 80 casos de la fábrica de culpables que lleva operando tres sexenios consecutivos.

Noé Robles Hernández ya se arrepintió por escrito de su puño y letra en el que pide a Pablo que lo perdone, pero que fue obligado a acusarlo basado en una foto que le llevaron el agente del Ministerio Público Federal, José Manuel Rojas Cruz, y policías federales.

La señora Isabel Miranda de Wallace y el señor Alejandro Martí entraron a la cárcel a escuchar los interrogatorios. Habían hablado con Noé Robles Hernández en tres ocasiones anteriores y Noé repitió lo que le obligaban a declarar bajo tortura los agentes, el MP y funcionarios de la PGR.

En México se hizo costumbre culpar falsamente a personas ajenas a los hechos, con tal de presentar “resultados” a la opinión pública. Esta conversión de inocentes en culpables llega a convencer a los propios familiares que están urgidos de que los casos se vayan cerrando.

Es un tema de extorsión transformado en fabricación de culpables. Todo a la vista de la autoridad ministerial, dependiente del Ejecutivo, y de los jueces y magistrados que pertenecen al Poder Judicial. ¿Quién en este país puede contra esa aplanadora, que además recibe apoyos de imagen, de promoción publicitaria después de la captura arbitraria de presuntos culpables para un sistema igualmente corrupto de justicia que alimenta esa máquina infernal?