La clase de justicia por venir

Nadie en nuestro país duda que transitamos durante muchos años por abusos inimaginables de los sucesivos gobiernos priistas y panistas. Han depredado recursos y tomado para sí lo que no les pertenecía. Se han registrado violaciones sistemáticas y generalizadas de todos los derechos humanos, por lo que hay hartazgo y urgencia por transformar ese estado calamitoso de nuestra cotidianidad, a la que nadie quiere acostumbrarse y normalizarla como algo inevitable e inherente a nuestra condición de ciudadanos. Sería suponer, por ejemplo, que la corrupción –Peña Nieto dixit– es parte de nuestra cultura y que la violencia es inherente a la condición humana.

Vivimos un conflicto armado interno al que no se nombra así, pero al que, en los hechos, se busca responder con más cárceles y más uso de la fuerza, más policías y más soldados, tal como lo muestra una Ley de Seguridad Interior ya aprobada por un Congreso poco sensible al sufrimiento social. Tan riesgosa es la nueva legislación, que el Jefe del Ejecutivo prefirió no promulgarla, por el momento, sino pasarle el costo y la responsabilidad de revisarla y aprobarla a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Están, pues, involucrados los tres poderes.

Sintéticamente, al final de la columna anterior, me referí a la justicia transicional. Vale explicar en qué consiste y por qué México necesita ese tipo de respuesta de la sociedad y las instituciones para la transición política, económica y social que se avecina. Si nada extraordinario, como un fraude masivo o un atentado, ocurre, auguran todas las encuestas.

Según los expertos, este nuevo enfoque de una justicia adaptada a las sociedades que se transforman a sí mismas después de un periodo de violación generalizada de los derechos y de la nula aplicación de las reglas de la democracia, surgió a finales de los años 80 y principios de los 90, en América Latina y en Europa oriental, donde se ajustaban cuentas con el pasado reciente de dictaduras militares de derecha y gobiernos autoritarios que se presumían de izquierda. Todo ello sin poner en riesgo transformaciones políticas necesarias en los nuevos regímenes. Es decir, con firmeza, pero en un esquema respetuoso de la ley y con apoyos ciudadanos.

Lo primero es reconocer a las víctimas y atender a sus postergadas demandas de justicia, mediante iniciativas de paz, de reconciliación y verdadera democracia.

La justicia transicional involucra acciones penales e investigar a los responsables de las mayores violaciones a derechos humanos y de crímenes masivos o sistemáticos (los 43 normalistas de Ayotzinapa sin aparecer, las masacres de Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato-Ecuandureo, las decenas de miles de desaparecidos, por citar ejemplos de casos insolubles hasta hoy).

Comisiones de la Verdad y programas de reparación. Investigar y castigar los abusos para evitar su repetición. Establecer mecanismos para remediar material y moralmente los daños causados a las víctimas. De hecho, en ese estilo mexicano de gran simulación, mal funcionan entes oficiales para reparar financiera y éticamente a víctimas y la obligación de pedir perdones públicos desde un Estado violador.

Aquí caben las amnistías, los indultos y la liberación de presos inocentes. El narco no tendrá condición de interlocutor, pero sí las víctimas del fenómeno delincuencial. Cero impunidad a capos, reconciliación comunitaria, restauración del tejido social, opciones alternativas de producción. Se vale soñar.