Los impunes del Edén

 

Lydia Cacho es consciente de que hay largo camino por recorrer aún, después de los abusos, vejaciones, vulneración a sus más elementales derechos


Arropada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que emitió un fallo en contra de la inacción de la justicia mexicana, que no obró en consecuencia para castigar a políticos, empresarios y policías que intervinieron para detenerla, secuestrarla y trasladarla arbitrariamente de Quintana Roo a Puebla, hace casi 13 años, la periodista y escritora Lydia Cacho concluyó que ser una sobreviviente de tortura, “implica seguir dando la batalla”.

Naciones Unidas ordenó al gobierno reponer la investigación de la tortura física y psicológica que sufrió la periodista, las frases y tocamientos de carácter sexual intentados por la decena de agentes oficiales y privados que la llevaban, la discriminación de que fue objeto por razón de género, su detención misma y su traslado arbitrarios durante 20 horas, en diciembre de 2005, desde Cancún hasta una cárcel en Puebla. Lydia destapó una red de pederastia y pornografía infantil en su libro Los demonios en el Edén. Al conocer el apoyo de la ONU, vino a la mente de Lydia la imagen de su amiga Regina Martínez, corresponsal de Proceso asesinada en Jalapa, Veracruz, en 2012.

“Esa mañana recordé que le pedí a Regina que saliera de Veracruz porque estaba amenazada de muerte”.

El caso de Lydia es paradigmático de los ataques a la libertad de expresión, de opinión e investigación periodística en México. Estos ejercicios incomodan a los poderosos abusadores. Y, como sintetizó Jan Jarab, representante en nuestro país de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la violencia contra los representantes de los medios “no atenta sólo contra el o la periodista; atenta contra la sociedad al privarla del acceso a la información”.

La resolución de Naciones Unidas es histórica. Evidencia la actuación omisa y cómplice del Estado mexicano al proteger a los culpables. Defiende la labor periodística.

Es el primer fallo en su tipo y el gobierno de Enrique Peña Nieto debería responder por frenar a la justicia, pero es muy probable que heredará una infamia que abarcará así a cuatro gobiernos sucesivos.

Lydia Cacho es consciente de que hay largo camino por recorrer aún, después de los abusos, vejaciones, vulneración a sus más elementales derechos, amenazas de muerte y el total irrespeto al debido proceso en aquel diciembre de 2005, unos cuantos días después del montaje que ordenó Genaro García Luna en la mentirosa recreación de la “captura en vivo” de la francesa Florence Cassez y el mexicano Israel Vallarta en el rancho Las Chinitas, en el sur del Distrito Federal. Ya estaba ahí el efecto corruptor del show que, desde el Gobierno Federal, se empeñaba en poner el mal ejemplo al resto de las autoridades y a la sociedad. Hasta hoy ese montaje y la arbitraria detención de Lydia siguen en la impunidad: muchos inocentes tras las rejas, muchos culpables libres e intocados.

En el caso de Lydia Cacho están libres el ex gober precioso Mario Marín, su procuradora Blanca Laura Villeda y el empresario Kamel Nacif, gran amigo y protector del depredador sexual de menores Succar Kuri, condenado ya a más de 100 años de prisión.

El hoy gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, era subsecretario de Gobernación e intentó impedir, con amenazas, la publicación del libro Los demonios del Edén, origen de los atropellos porque lo menciona a él, a políticos como Emilio Gamboa Patrón y a dos exgobernadores de Quintana Roo en redes pederastas que traficaban con niñas de apenas cuatro años.