Militares: impunidad garantizada

A los enviados por el Gobierno de México para comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos no les importó exaltar el poderío de los criminales en nuestro país, su capacidad de fuego y el dominio de territorios, con tal de negar la responsabilidad de militares en la desaparición forzada de tres jóvenes, dos mujeres y un hombre, en diciembre de 2009.

Fueron 17 funcionarios los que la semana pasada, en San José, Costa Rica, exculparon a soldados y oficiales del 35 batallón de infantería de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, por haberse llevado, con destino desconocido hasta hoy, a Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera.

Ante la evidencia de que los tres jóvenes fueron capturados en presencia de familiares en el municipio de Buenaventura; que el automóvil del que fueron bajados se halló después en instalaciones de la zona militar; que la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UEBPD) de la Procuraduría General de la República giró una orden de aprehensión contra el coronel Élfego José Luján Ruiz, comandante del 35 batallón, por “autoría mediata del delito de desaparición forzada”, que un juez de Distrito rechazó, la misión oficial mexicana se aferró a decir que los autores del secuestro y desaparición eran criminales disfrazados de militares a bordo de un vehículo clonado como si fuera del ejército.

A tan pasmosa respuesta, el juez de la Corte, Patricio Pazmiño, preguntó, según reporta la periodista Gloria Leticia Díaz:

–¿Los delincuentes andan en las calles vestidos de militares, con vehículos y armados? ¿Y las autoridades dónde están?

Otra juez interrogó:

–¿Cómo distinguir un uniforme real de uno apócrifo? Se refería a que la triple desaparición forzada por la que el Gobierno mexicano está otra vez en el banquillo de los acusados de la Corte Interamericana ocurrió dentro del llamado Operativo Chihuahua contra la delincuencia organizada que implementó el gobierno de Felipe Calderón.

El juez Pazmiño volvió a la carga: Si esta hipótesis tiene algún fundamento, entonces debería haber registro de “un alto número de decomisos y consignaciones” de los uniformes falsos de militares que utilizan los delincuentes. Y en la respuesta escrita del Estado mexicano aparece solamente una persona consignada ante el ministerio público por un hecho así.

–Sí, pero con cuatro uniformes, dos gorras y cartuchos calibre .38–, fue la increíble respuesta de la parte gubernamental, que había aludido a la capacidad de fuego de la criminalidad, en ocasiones superior a la de las Fuerzas Armadas, al control de territorios, a la instalación de falsos retenes y a la capacidad de sustituir a la autoridad.

“El Gobierno sigue negando la sola posibilidad de que el Ejército haya sido responsable de las desapariciones. La sensación que tengo es de azoro y de incredulidad, porque pensaba que ante un tribunal internacional iba a ser diferente, pero no fue así”, señaló la coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Ruth Fierro, presente en las audiencias del jueves y viernes pasados.

Varios familiares de los desaparecidos han tenido que autoexiliarse, pues fueron objeto de ataques y persecución oficiales. También estuvo en Costa Rica Patricia Reyes, madre de Rocío Irene, quien declaró: “los militares me arrancaron a mi hija de las manos; no pueden decir que no fueron ellos, pues ocuparon el pueblo varios días”.

Todo apunta a que habrá otra condena internacional contra México.