Narco en CU: ¿modelo a seguir?

La Universidad Nacional Autónoma de México hizo honor a su capacidad de reflexión, análisis y discurso frente a una escalada de violencia que, el viernes 24, “alcanzó límites inaceptables” en Ciudad Universitaria, con el asesinato a balazos de dos personas ajenas a la comunidad. El rector Enrique Graue pronunció un rotundo no a las voces de quienes “quisieran vernos armados o militarizados”.

Muchos desearían también ver como signo de debilidad, como un escurrir el bulto antes de afrontar una problemática antigua y conocida que pareció salirse de la contención no-armada de los cuerpos de seguridad interna de la UNAM, como si la defensa a ultranza de una autonomía territorial y de pensamiento que está en la base misma de la libertad académica debiera ignorarse apriori. Al contrario, que surge más bien un modelo a replicar a nivel nacional en el combate al narcotráfico.

El doctor Graue reconoció “la fragilidad de la seguridad” en la universidad, que se explica si es que hablamos de un espacio “plural, abierto y democrático”, cuya fortaleza no está en las armas, sino “en el saber, en la libertad, en la autoridad moral, en la autonomía y en el respeto a la normatividad universitaria”.

En contraste, en el resto del país se ha impuesto un paradigma punitivo, el empleo de tropas militares y marinos, de policías federales sobre las estatales y municipales, como único remedio a la violencia –que también llegó a “límites inaceptables”–, sin alternativas de distensión, prácticamente sin planes preventivos sino sólo reactivos y coyunturales, remedios superficiales, violentos y de corta duración, además de complicidades y cobertura corrupta para aquéllos que deberían ser perseguidos. En muchas regiones de México, en las cada vez más numerosas donde hay vacíos de poder, se está muy lejos de poner en práctica acciones para intentar reconstruir eso que los teóricos –y sus repetidores, los políticos– llaman el tejido social.

El rector Graue fue muy claro en reconocer la inseguridad, el narcomenudeo y la dispersión de grupos externos hacia otros espacios de la misma universidad – no solamente en el llamado frontón, entre las facultades de Ingeniería y Contaduría–, pero se negó a aceptar como solución la entrada de fuerzas policiales para desalojar del campus a los vendedores de droga. Eso equivaldría a aceptar el riesgo de que sean heridos o muertos inocentes, pero sin que la medida garantice la ausencia permanente del narcomenudeo. “Vivir constantemente en un estado de vigilancia armada nunca fue ni será una opción a ser considerada”.

Anillos externos de seguridad, captura de narcomenudistas al salir o entrar a CU, inteligencia policial para ubicar su origen geográfico y sus modus operandi, multiplicación de cámaras y vigilantes –nunca armados–, eliminar corrupción y encubrimientos, aumentar presencia disuasiva en puntos de venta, educación e información para que los alumnos dejen de comprar y consumir droga dentro de la universidad, son algunas acciones que hace mucho debieron haber sido emprendidas en la UNAM y que tendrían que ser reforzadas en semanas y meses siguientes.

Armas no; educación y conciencia en libertad sí. Promoción de valores, libre albedrío en vez de represión, también. Despenalización y legalización de la cannabis para usos recreativos, con sustento científico que anule prejuicios históricos: esa sí podría ser una tarea para que por mi raza hable el espíritu y no los ánimos punitivos.