Ni golpe de Estado ni decisión virtuosa

Hay quienes han visto en el enjuiciamiento de Dilma Rousseff y en su separación del cargo un ejemplo de combate a la impunidad de los servidores públicos. No ha faltado quien sostenga que México debería llegar a un escenario similar en el que un presidente que haya actuado mal, sea removido de su cargo por el Congreso.

Ocurre, sin embargo, que lo sucedido en Brasil dista mucho de corresponder a esa sana, transparente y deseable realidad. Dicen Dilma y sus seguidores que la decisión tomada por el Senado equivale a un golpe de Estado. No es así. No se trató en ningún caso de un golpe de Estado. Se trató de una destitución temporal, perfectamente legal y plenamente constitucional en la que en ningún momento se violentó el ordenamiento jurídico vigente.

Sin embargo, el proceso de destitución de incuestionable legalidad, presenta graves problemas de legitimidad en virtud de que la acción por la cual se está llevando a Rousseff al banquillo de los acusados es apenas una irregularidad fiscal en la que han incurrido y seguirán incurriendo decenas de gobernantes a lo largo y ancho del planeta y que desde luego no constituye un motivo suficiente para destituir a un presidente.

Si Dilma Rousseff fue expulsada del Palacio de Planalto no fue por endeudar al gobierno brasileño sin avisarle al Congreso, como se maneja de forma oficial, sino por otras razones. La primera de ellas es la difícil situación económica; y la segunda y más importante, porque sus adversarios políticos vieron la oportunidad de apartarla del Poder y de hacerse con él y la aprovecharon.

Lo de Dilma Rousseff no fue un golpe de Estado, eso queda claro. Sin embargo, sí fue una vileza, una abyección que en ningún caso puede constituir un ejemplo a seguir para ninguna democracia que se precie de serlo.

FF