Nos expropian hasta el cuerpo

 

Hace una semana en el Senado, donde legisladores de todos los partidos oficializaron el tráfico de órganos humanos, el aprovechamiento de todos los cuerpos a partir de la muerte


En tiempos recientes el Gobierno puso en subasta los recursos petroleros que pertenecían a la nación desde 1938; entregó las riquezas de oro, plata, hierro, cobre y otros metales que hay en el subsuelo mexicano mediante cientos de concesiones mineras a trasnacionales canadienses, italianas, británicas, argentinas, chilenas, estadounidenses; privatizó la producción de electricidad y consintió que en el país se practique el devastador fracking para extraer gas shale.

Son tiempos canallas en los que todo se vale, todo se comercia, todo se privatiza. El colmo de la apropiación de la riqueza personal y colectiva ocurrió hace una semana en el Senado, donde legisladores de todos los partidos oficializaron el tráfico de órganos humanos, el aprovechamiento de todos los cuerpos a partir de la muerte, millones de individuos como donadores presuntos y obligados a que instituciones del Estado dispongan de córneas, riñones, pulmones, piel, cabello, células, gónadas y cualquier órgano o tejido de nuestra entidad corporal.

Hay una excepción a esta expropiación de millones de cuerpos: que el donante presunto haya expresado, por escrito y de manera oficial (¿habrá qué ir y pagar a un notario para expresar esta voluntad anticipada?) que rehúsa a la posibilidad de que sus órganos sean objeto de donación. ¿O sería mejor sospechar y decir francamente la palabra comercio?

El “consentimiento presunto” en materia de donación de órganos, tejidos y células quedó oficializado el 3 de abril por más de 70 votos a favor, ninguno en contra y una sola abstención. “Al fallecer, todas las personas son donadores de órganos y tejidos, a menos que se haya manifestado la voluntad de no serlo”.

Con bien cuidado disfraz de altruismo, del fomento a la cultura de la donación de órganos, de inhibir el tráfico ilegal de estas partes humanas y de acortar las listas de espera para trasplantes, que tienen un rezago importante, se anuló el libre albedrío de las personas, pues se vulnera la dignidad y el derecho de la persona a su propio cuerpo.

Para apoyar su decisión, el senador de Acción Nacional Francisco López Brito, presidente de la Comisión de Salud, aportó el dato del Centro Nacional de Trasplantes de que hay más de 20 mil personas en espera de riñón, córneas y otros órganos.

Los legisladores “nos consideraron sólo materia prima de inconstitucionales convenios de donación”, argumenta la abogada Isabel Jiménez Moles, opositora de esta ley que convierte a todo ciudadano en donador forzado.

El artículo 5, párrafo quinto, de la Constitución, establece que “el Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la persona por cualquier caso…”, explica.

Bien que Noruega, Suecia, Francia, Bélgica, Italia, Portugal, España tengan un modelo similar de donación de órganos. Pero esos países no están sembrados de entierros clandestinos. Allí no envían a fosas comunes oficiales a víctimas perfectamente identificadas, como si fueran desechables para no investigar el cómo, el cuándo, el porqué, el dónde y quiénes perpetraron los crímenes. Un país como México, con más de 34 mil desaparecidos reconocidos por el Gobierno, no puede permitirse el absurdo de abrir rendijas al posible abuso en la disposición de cadáveres que llegarán hechos cenizas a sus deudos. Si es que ese polvo humano perteneció al ser querido. Como un inadmisible universo pozolero.