Oaxacaexit y Chiapaexit

No hay duda de que las violentas protestas de maestros en el sur de México contra la reforma educativa se ha complicado, en uno de los peores incidentes de este tipo durante el Gobierno del presidente Enrique Peña ç. Seis personas murieron en Nochixtlán, en Oaxaca, y decenas quedaron heridas en medio de enfrentamientos entre manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y policías federales y estatales, que dejaron incendios producto de enormes barricadas, autos quemados y daños a comercios. Sin embargo, no se sabe hasta cuando cesarán las protestas.

En este contexto, empresas tanto publicas y privadas han sufrido las repercusiones financieras.

Como medida preventiva, Pemex detuvo de manera temporal las operaciones en la refinería ubicada en Oaxaca, debido a la emisión de humo que surgió por una falla en el suministro eléctrico. La refinería de Salina Cruz tiene la capacidad para procesar 330,000 barriles diarios.

Walmex reportó que 70 camiones han sido detenidos para llevar mercancía a sus tiendas en Oaxaca debido a las protestas de los maestros y están considerando cerrar 37 tiendas debido al desabasto. De acuerdo con la ANTAD, se han cerrado 62 tiendas como resultado de las protestas de maestros en Oaxaca, lo que se traduce en una pérdida diaria de P$70 millones para las compañías que operan en la región.

Lo anterior, contribuye negativamente al crecimiento económico del país, si bien la economía mexicana se desaceleró fuertemente en abril, hacia delante se espera continúe esperando un mejor desempeño impulsado por la demanda interna.

Asimismo, todos tenemos deberes en cuanto al derecho a aprender, así como los demás derechos humanos; es nuestra obligación reconocer, defender y fomentar el derecho de cualquier persona que conocemos.

Estos deberes, de nuevo, son responsabilidad de todos, pero al ser encargados al Estado en las sociedades democráticas, exigen cierto nivel continuo de progresividad. La efectividad del derecho. Cada día el derecho debe extenderse más.

La sociedad civil organizada juega un papel especial en este proceso. Las organizaciones sociales pueden impulsar una cultura de corresponsabilidad, exigencia y rendición de cuentas, así como tomar parte en el diagnóstico, las propuestas y los esfuerzos para lograr una educación orientada al derecho a aprender.

La obligación de garantizar cualquier derecho es del Estado, pues la garantía exige un uso de las finanzas públicas, de la coordinación normativa, y del apremio judicial; sin embargo, como proyecto social, la educación es responsabilidad de todos y demanda el involucramiento de la sociedad en procesos de definición y rendición de cuentas.

La responsabilidad social por la educación pública no es sólo cuestión de filosofía o teoría política; ahora forma parte de la interpretación jurídica en México. En marzo de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación afirmó que la efectividad del derecho a la educación “requiere de la intervención tanto del Estado, como de los particulares, así como de asociaciones civiles, en la promoción, protección, respeto y garantía”.

Un sistema que cumple con su responsabilidad educativa debe tener una orientación similar: propiciar el desarrollo de relaciones y procesos de aprendizaje, brindar las condiciones materiales adecuadas y otorgar el acompañamiento necesario a las comunidades escolares.

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Docente universitario
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@edgar__douglas