Olvido no cura

Dicen que el tiempo borra todo. En temas emocionales puede ser la mejor medicina, pero en legalidad y justicia social, sólo motiva el encono y genera nuevas aristas. Remontémonos al 22 de abril de 1992. Guadalajara, Jalisco. 10:05 am.

La primera de 10 explosiones sacude al Sector Reforma, uno de los cuatro en los que se dividía la ciudad. El último estallido fue a las 11:16, esto es una hora 11 minutos después; 15 kilómetros de calles fueron destruidos, casas, negocios volaron; automóviles y peatones también. Se perdieron mil millones de dólares. Aunque la presión social encontró en la del entonces gobernador, Guillermo Cosío Vidaurri, la primera cabeza por la tragedia –obtuvo licencia 10 días después– nadie lo acompañó.

El Gobierno Federal reconoció la responsabilidad de Pemex como regulador del servicio de hidrocarburos, pero no hubo resolución judicial y los únicos nueve detenidos fueron liberados con fianza: cuatro trabajadores de Pemex y cinco del ayuntamiento de Guadalajara, incluido el presidente municipal, Enrique Dau Flores; 25 años después urbanistas siguen pidiendo que se corrijan las cicatrices en el centro de Guadalajara; ambientalistas que se modifiquen reglamentos para prevenir futuros desastres; abogados y las ONG exigen el pago de compensaciones a familiares que, por la gravedad de sus heridas, fallecieron o debieron ser mutiladas tiempo después. Se formó una Comisión de la Verdad con la que buscan seguimiento concluyente a cada caso incluyendo las negativas a la evacuación preventiva solicitada un día antes y al diagnóstico usando la “nariz” en vez de explosimetros y ubicar a los constructores de las “nuevas” rutas de transporte público que modificaron los ductos de Pemex. Pero como el león no es komo lo pintan, la comisión también enfrenta múltiples cuestionamientos que deberán sortear esta semana en su primer encuentro con legisladores. Veamos qué pasa.