¿Quién pagará?

Lo que podemos llamar Análisis Tradicional del Derecho (ATD) parte de esta pregunta: ¿cuál es la intención del legislador al promulgar una ley? Lo que se conoce como Análisis Económico del Derecho (AED) parte de esta otra: ¿cuáles pueden ser las consecuencias de una ley una vez promulgada?, pregunta que parte del reconocimiento de un hecho innegable: no basta la promulgación de una ley para que se respete. Si así fuera los legisladores podrían modelar el mundo a su antojo, ¡algo por demás peligroso! Entre la promulgación de la ley y su respeto está la libertad de cada quien para respetarla o no.

Otra diferencia entre el ATD y el AED es que el primero pone énfasis en la justicia de la norma: ¿respeta o no los derechos de la persona?, y el segundo en su eficacia: promulgada, ¿se logra el fin buscado o los afectados por la misma serán capaces de “darle la vuelta”?

Lo anterior viene a cuento por las nuevas normas legales con las que nuestros legisladores pretenden regular a las líneas aéreas nacionales, con la intención de sancionarlas cuando, dentro de cierto margen, no respeten los derechos de los usuarios, comenzando por el derecho de que el vuelo salga a tiempo. La pregunta, desde la perspectiva del AED, es si, supuestas las sanciones pecuniarias, van a ser realmente las líneas aéreas nacionales las que las paguen, con la correspondiente merma en sus utilidades, o si, caso por demás probable, van a ser capaces de trasladar ese pago a los consumidores, vía el aumento en el precio del boleto, traslado que podría evitarse si el gobierno decidiera, lo cual sería un grave error, imponer un control de precios, que generaría nuevos y más graves problemas. La intención de los legisladores es clara:

beneficiar a los consumidores, momento de recordar, ¡que es precisamente lo que nos recuerda el AED!, que de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. ¿Qué tan eficaces resultarán las medidas aprobadas? Los legisladores, ¿saben del AED?