Rusia se blinda frente a acusaciones de crímenes de guerra

Esta semana Rusia anunció que retiraba su firma del Estatuto de Roma, tratado que da sustento jurídico a la Corte Penal Internacional. Con esta decisión el gigante eslavo se aseguró de que ningún ciudadano ruso pueda ser juzgado por crímenes de guerra o de lesa humanidad, que por lo demás es la principal tarea de la corte que tiene su sede en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos. La principal diferencia entre el Kremlin y la corte surgió cuando ésta última decidió iniciar una investigación sobre lo ocurrido en 2008 durante la guerra de Georgia, cuando tropas rusas invadieron al pequeño país caucásico con objeto de prestar apoyo militar a la región separatista de Osetia del Sur, generando en los hechos su anexión de facto al territorio ruso.

Con la decisión difundida hace unos días, Moscú dejó de formar parte de la jurisdicción de la corte y por lo tanto podrá hacer y deshacer en el mundo sin temor a que alguno de sus mandos militares o políticos pueda terminar con sus huesos en la cárcel; en todo caso, sólo se vea obligado a dar explicaciones al mundo sobre el actuar de su país. El no reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional que, por cierto, no es privativo de Rusia, es típico de países que tienen una proyección militar exterior muy intensa, como es el caso de la propia Rusia o de Estados Unidos, o bien tienen realidades internas muy controversiales y de enormne complejidad, como son los territorios de China e Israel. En cualquier caso, la retirada de Rusia del Estatuto de Roma y su consecuente salida de la jurisdicción de la Corte es sin lugar a dudas una mala noticia en lo relativo a la lucha contra crímenes de lesa humanidad.