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Opinión / Indicador Político

Sedena, 2018, narcoviolencia y pasividad de SCJN con ley de SI

Carlos Ramírez
Carlos Ramírez carlosrm@capitaldemo.mx
Hace 2 semanas
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Si se cumplen las peores expectativas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación retrasa su dictamen sobre la Ley de Seguridad Interior (LSI) hasta después de las elecciones generales, la violencia criminal seguirá creciendo con impunidad y aumentará sus desafíos al Estado.

Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Guanajuato, Quintana Roo, Baja California Sur y Ciudad de México son plazas que se están sobrecalentando por la ausencia de la LSI aprobada en el Legislativo y promulgada por el Ejecutivo, pero congelada por el Judicial.

A ello se agrega el vacío gubernamental, político y social en toda estrategia integral de seguridad: a la acción de las Fuerzas Armadas para contener la ofensiva de cárteles del crimen organizado ya con armamento de guerra le ha hecho falta la acción de desarrollo. El caso de los campesinos gomeros de la montaña de Guerrero que contuvieron la acción del Ejército para destruir plantíos de amapola dejó ver que la sociedad apoya a los narcos en zonas territoriales expropiadas a la soberanía del Estado porque no existe presencia social, de desarrollo y de tejido político de gobiernos.

El escenario actual de inseguridad por la parálisis inducida por la pasividad de la SCJN en decidir el destino de la LSI le ha dado la razón al general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda, quien acaba de recordar la urgencia de los tiempos de crisis de seguridad de un marco jurídico para la acción de las Fuerzas Armadas en situaciones de ruptura de la seguridad interior, cuando la violencia criminal afecta la estabilidad social y rebasa a las fuerzas de seguridad pública.

El Gobierno Federal cumplió con el protocolo de tener una ley que regule la operación de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior, pero hasta ahora, con el reciente apoyo indirecto de la SCJN, van ganando las bandas del crimen organizado al congelar la ley.

Lo que puede venir, en aras de la urgencia por el aumento de la violencia criminal, sería abandonar la LSI en los archivos muertos de la SCJN y apelar a un Programa de Seguridad Interior como facultad exclusiva del Ejecutivo o hasta un reglamento de seguridad interior que le dé funcionalidad a la facultad constitucional del Ejecutivo y del Estado en seguridad interior.

Lo grave de todo es que la inseguridad y la violencia criminal es la verdadera prioridad de la sociedad –no la corrupción, ni la estabilidad macroeconómica ni el cambio de régimen– y hasta ahora el tema ha sido manoseado por los tres principales candidatos presidenciales sin ofrecer un compromiso real que debería pasar por apoyo institucional a las Fuerzas Armadas que fueron llamadas a defender la seguridad interior por el fracaso de los civiles.

En el impasse de una ley dormida en la SCJN y el aumento de la violencia de los cárteles criminales, el Estado nacional sigue perdiendo el ejercicio de la soberanía en zonas territoriales donde el control social, político, económico y de seguridad lo tienen los criminales con el apoyo de una sociedad abandonada por el Estado, los partidos y los gobiernos.

Política para dummies: La política debiera ser la capacidad para tomar decisiones de fondo y no para cuidar imágenes deterioradas.

Si yo fuera Maquiavelo: “Cuando (los príncipes) pueden actuar con la ayuda de la fuerza, entonces rara vez dejan de conseguir sus propósitos, de donde se explica que todos los profetas armados hayan triunfado y fracasado los que no tenían armas”.

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TEMAS crimen organizado Fuerzas Armadas Ley de Seguridad Interior (LSI) Salvador Cienfuegos Zepeda Suprema Corte de Justicia de la Nación
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