Seguridad interior, disolución del poder y ahí sí el Estado fallido

 

El problema no son las fuerzas armadas


1 .- La ley de seguridad interior llegó a tiempo: el PRI escogió a un economista que mantendrá la continuidad neoliberal de bajo crecimiento y marginación, López Obrador quiere pactar con los capos de los cárteles o liberarlos, el PRD participa del modelo de delincuencia social y el PAN se olvidó que Felipe Calderón sacó a los militares a las calles en 2007 bajo el principio de la seguridad interior.

2.- Los muertos, la delincuencia organizada y desorganizada, el repunte del conflicto criminal y las leyes de derechos humanos han determinado el aumento de la criminalidad. Frente a ello, las opciones son dos: atar el enfoque a desarrollo y esperar cuando menos veinte años a recuperar un PIB promedio anual de 6 por ciento o adelantarse al escenario político de delincuencia social impulsada por la pobreza y la marginación.

3.- Las fuerzas armadas son la última línea de defensa del Estado ante los embates de los grupos criminales, sobre todo cuando sobran las evidencias de que las estructuras policiacas, judiciales e institucionales han sido rebasadas y, peor aún, penetradas por los intereses del crimen organizado.

4.- En términos estrictos, el número de asesinados violentos y criminales en los sexenios de Calderón y Peña Nieto no es efecto directo de la intervención de las fuerzas armadas, salvo en casos excepcionales salidos de control y castigados por las mismas instancias.

5.- La violencia criminal ha sido producto de la disputa por territorios de control, paso y consumo, por la incapacidad de las autoridades políticas, de gobierno, policiacas, judiciales y sobre todo sociales, porque ha sido la sociedad la que ha apostado a entenderse con los criminales por la derrama de beneficios que antes llegaban por el Estado y el neoliberalismo cortó la transferencia de recursos.

6.- La ley de seguridad interior no militariza la seguridad pública sino que se convierte en subsidiaria de la incapacidad gubernamental y política de los organismos civiles. El día en que México cuente con cuerpos policiacos y judiciales a la medida del combate contra el crimen organizado, ese día regresarán a sus cuarteles.

7.- El punto clave del debate de la Ley de Seguridad Interior está muy claro: si las fuerzas armadas regresan a sus cuarteles hoy mismo, el Estado, la sociedad y la república quedarán a merced del crimen organizado.

8.- El principio de derechos humanos, el acotamiento al uso de la fuerza y los reglamentos de defensa de delincuentes han llevado a dos puntos que deben debatirse: la disolución del poder y la disolución del Estado. El poder es, por definición, coercitivo; debe regularse, pero no disminuirse porque se mueve en un escenario de economía suma cero: lo que pierde el poder lo ganan sus adversarios. Y el Estado es, en síntesis, el monopolio de la fuerza y la represión que también debe ser regulado, pero no diluido porque en política y poder no hay vacíos: los desocupan unos y los ocupan otros.

9.- El problema no son las fuerzas armadas sino la incapacidad civil para construir cuerpos policiacos suficientes. Los militares llegaron a suplir las deficiencias de las policías. Pero han pasado 10 años y siguen las mismas policías.

10.- La seguridad interior es un asunto de seguridad nacional porque la debilidad de las instituciones es la debilidad del Estado. El dominio territorial de los cárteles crea verdaderas zonas francas fuera de la soberanía del Estado. Sin los militares, los capos criminales controlarían el país.

Política para dummies: La política es el poder administrado.

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