Tlatelolco, 50 años sin pruebas

En el país de las desapariciones, desaparecen personas y expedientes.

Esto dice, a toro pasado, quien fuera fiscal especial para investigar delitos del pasado, Ignacio Carrillo Prieto. Según él, los nombres inscritos en la estela de Tlatelolco –menos de 40– son como un tercio del centenar de estudiantes, maestros y otros civiles que habrían sido masacrados por francotiradores y el Ejército el 2 de octubre de 1968.

Hay que decir que, en 2006, a punto de ser desaparecida por el mismo gobierno de Vicente Fox que la había creado cinco años antes, un documento final de la Fiscalía titulado Que no vuelva a suceder, de 864 páginas, hablaba de hasta 350 víctimas mortales en Tlatelolco. Lo cierto es que, medio siglo después, no se sabe el número de víctimas. “No hay pruebas en el Semefo (Servicio Médico Forense), todo desapareció”.

Carrillo Prieto, más de una década después de que fue cerrada la Fiscalía Especializada para la Atención de Hechos Probablemente Constitutivos de Delitos Federales Cometidos Directa o Indirectamente por Servidores Públicos en Contra de Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP, “de larguísimo nombre y resultados nulos” como la nombró la fundadora del Comité Eureka de desaparecidos políticos, doña Rosario Ibarra), ofrece los móviles que, afirma, provocaron la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968:

–Fue para dirimir la contienda presidencial, para desacreditar al Ejército y para impedir a toda costa que el general Alfonso Corona del Rosal ni algún otro militar fuera candidato a la Presidencia.

Fue una trampa mortal que fraguó Luis Echeverría, entonces secretario de Gobernación, quien es, en palabras del exfiscal, “autor de la guerra sucia, no solamente de las masacres de Tlatelolco y del 10 de junio de 1971; es el maestro de la desaparición forzada, de la tortura, de la inhumación clandestina y la ejecución extrajudicial; él soltó al Ejército y le dio permiso para matar”.

Entre Echeverría y el general de División Luis Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial, “urdieron la trampa y se confabularon para el crimen” colectivo, pues ordenaron colocar francotiradores en las azoteas de los edificios de Tlatelolco y emplearon un departamento de la cuñada de Luis Echeverría como guarida. Estos grupos paramilitares dispararon contra el Ejército y provocaron la respuesta armada.

Más que en sus propias investigaciones, la versión de Carrillo se apoya en lo escrito por Carlos Montemayor, Carlos Monsiváis y Julio Scherer García.

Todo se habría hecho a espaldas del general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa, a quien se le imputó falsamente la intención de dar un golpe de Estado en contra del presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien así lo creyó.

Cuando el fiscal Carrillo me preguntó, allá por 2002, cómo veía su papel, le dije que estaba en el peor sitio posible, pues si hacía bien su trabajo sería atacado y destituido; si obedecía consignas, pasaba a la historia como cómplice y encubridor de un gobierno de derecha al que no le encajaba el papel de reivindicar a los izquierdistas del pasado.

Vicente Fox creó la fiscalía y él mismo la desapareció. “Mi error fue no haberle preguntado a Santiago Creel cómo estaban los acuerdos políticos para este tema, el grado de compromiso, y no haberle preguntado a Fox hasta dónde quería llegar. Hasta que me di cuenta de que no quería llegar a nada”, admite hoy Carrillo Prieto.