Tropas en Guerrero: un dilema ético

Un conflicto jurídico, un problema ético, el dilema entre olvidar la obediencia debida y dejar sin castigo a campesinos “amapoleros” o arrasar cultivos ilegales como lo ordena la ley sin ahondar más en las consecuencias. Reprimir a sembradores pobres de Guerrero o dejar incólumes sus sembradíos prohibidos para que puedan obtener la goma de opio que algo les da para comer.

Todo eso pasó por la mente de una brigada castrense del 48 batallón de Infantería, bajo el mando del general Alberto Ibarra, quienes fueron rodeados por mujeres, niños y hombres en un lejano poblado de menos de 2 mil habitantes: Santa Cruz Yucucani, en el paupérrimo municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero, con un promedio de 91.6 por ciento de sus pobladores en pobreza, según datos oficiales.

Los campesinos fueron “claridosos” cuando los soldados les explicaron que sembrar adormidera es delito, poco antes de la Semana Santa.

“Yo sé que es malo, pero el gobierno nunca apoya. Nunca llega aquí el gobierno. No hace ninguna obra de las que pedimos”, expresó Santiago Sánchez, líder de la comunidad, entre otras cosas, porque es de los pocos que hablan español.

Al final, el ejército se retiró sin poder destruir los plantíos de amapola, a mano, como se hace desde los últimos 11 años, pues el entonces presidente Vicente Fox ordenó dejar de fumigar plantíos desde aeronaves en noviembre de 2006.

Aquello pudo haber sido una masacre, si avanzaban los soldados sobre los cultivos. En cambio, la brigada militar cumplió labores de ayuda con médicos que revisaban a la gente; funcionarios del registro civil que iban con ellos y entregaron actas de nacimiento a decenas que nunca se habían registrado oficialmente.

Siempre el ejército, tanto en campañas de erradicación de plantíos ilícitos, como en auxilio en casos de desastre, y en persecución a presuntos guerrilleros en el pasado, ha acompañado sus incursiones con labores de ayuda a poblaciones: vacunas, cortes de pelo, suministro de medicamentos básicos, servicios dentales, desparasitación, consultas médicas y entrega de despensas.

El impedir de manera pacífica que los militares cumplieran las órdenes de destrucción de los sembradíos de amapola, pareciera sentar un precedente para replantear el cómo, cuándo y dónde erradicar las plantas cuyo cultivo está prohibido en México, sin distinguir entre pobres campesinos objeto de explotación laboral y grandes capos dueños anticipados de las cosechas de opio que, transformadas en heroína, pararán en las venas y pulmones de los adictos estadounidenses.

Santiago Sánchez explicó que un kilo de goma de opio se tasa entre 5 y 8 mil pesos en la región. Todos los hombres y mujeres, pero también niñas y niños de Santa Cruz sobreviven con ese cultivo, porque las ganancias van a otra parte. Baste decir que ese kilo cosechado en bulbos de adormidera en Guerrero vale unos 20 mil dólares (casi 400 mil pesos) ya comercializada la droga en las calles de Chicago.

Es famosa la foto de Pedro Valtierra, de las mujeres indígenas frenando con sus manos a soldados mucho más fuertes que ellas. Grupos de autodefensas en Michoacán, hace años, secuestraron a un general y su tropa, mientras no liberaran a dos de sus compañeros. Se los entregaron en horas.

Mujeres, hombres y niños pararon en seco e impidieron a la tropa destruir los opiáceos en Guerrero. Todo un tema para repensar la guerra contra las drogas: si legalizarlas o seguir en un “prohibicionismo” rebasado por la realidad.