Trump y Plan México: cuarteles como bases militares de EU

WASHINGTON, D.C.- Todas las propuestas estadounidenses en materia de seguridad nacional deben leerse a partir de lo que no dicen, pero que se encuentran en el escenario estratégico en los pasillos del poder: más que el Plan Colombia de 1999 para combatir al narco, ahora la administración Trump quiere un acuerdo militar con México como el que firmó con Colombia en 2009.

En Colombia el primer paso fue el plan promovido por el presidente Clinton para tomar el control de la producción y tráfico de drogas en Colombia, sobre todo por la presencia de la guerrilla de las FARC no sólo como organización de lucha armada por el poder, sino con posiciones territoriales articuladas a la producción y trasiego de droga hacia EU y acciones terroristas. El Estado colombiano había sido rebasado por la guerrilla y sus alianzas con el cártel de Medellín.

En 2009, el presidente Obama promovió un acuerdo militar para que fuerzas operativas del Ejército estadounidense tuvieran no sólo presencia en Colombia, sino que usaran como propios siete cuarteles militares colombianos y estacionaran efectivos civiles y militares, tanto de operaciones de campo como de investigación de inteligencia. De acuerdo con el texto íntegro del acuerdo, fueron inicialmente 800 militares y 600 contratistas civiles. Estos efectivos tuvieron inmunidad por efectos de acciones operativas.

La “oferta” de Trump al presidente Peña Nieto en una conversación telefónica informal llevaba, de acuerdo con fuentes estadounidenses, implícito el doble acuerdo colombiano, a partir del hecho de que la primera carta de acuerdo de la Iniciativa Mérida, de 2008, incluía no sólo el apoyo y financiamiento estadounidense, sino la cooperación. A lo largo de los últimos años, México ha sido siempre un objetivo para la presencia física de militares estadounidenses, primero en pozos petroleros con Jimmy Carter y Reagan, y luego en zonas de intensa presencia de los cárteles del crimen organizado.

En esos años, las Fuerzas Armadas han sido resistentes a esa presencia, a pesar de las extraordinarias relaciones entre el Ejército mexicano con el Ejército estadounidense y el creciente papel activo –hoy con la coordinación de la Conferencia de Ejércitos Americanos– de los altos mandos militares y marinos en reuniones bilaterales constantes. Para el Ejército mexicano el ejercicio de la soberanía se basa en la defensa castrense de las instituciones, sin permitir presencia de Fuerzas Armadas extranjeras.

La queja de Trump con Peña Nieto en el sentido de que no había habido avances y que había incluso debilidad y temor mexicano fue más bien una agresión negociadora: demeritar resultados por la vía de la opinión, sin reconocer que el problema en México ya no es de cárteles formales, sino de bandas atomizadas y sobre todo de la incapacidad policiaca para hacerse cargo de la persecución de narcotraficantes. La extradición de El Chapo a Estados Unidos y la ofensiva contra el H9 del cártel de los Beltrán Leyva en Nayarit fue un mensaje a la Casa Blanca sobre el aumento en la lucha contra el crimen organizado que tanto preocupa a la Casa Blanca.

Washington quisiera meter militares y civiles en México para hacerse cargo en forma directa del combate a los narcos, pero con el riesgo –calculado; o, peor, buscado para aumentar acciones militares– de que esos efectivos extranjeros sean agredidos para ir escalando su presencia como ocurrió en Vietnam.

El riesgo de la militarización de México no es de militares mexicanos sino estadounidenses.

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