Un antes y un después de Sedesol

Francisco Javier García Bejos*

A pesar de los esfuerzos para institucionalizar derechos sociales a lo largo del siglo XX (creación de la SEP, IMSS, ISSSTE, Infonavit, Inegi, Conasupo o Pronasol), es preciso señalar que la creación en 1992 de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) constituye un parteaguas en materia de política social. Solamente, a partir de ese momento, podemos hablar de una política que el Estado instrumenta para combatir las diversas dimensiones de la pobreza. Uno de los grandes avances derivados de una política social de Estado fue precisamente la puesta en marcha de la metodología multidimensional para medir la pobreza.

A diferencia de las mediciones unidimensionales, como la del Banco Mundial que se basa sólo en el ingreso, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) complementa la medición del ingreso corriente per cápita con la perspectiva del acceso a derechos sociales: alimentación, educación, salud, seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, y servicios básicos en la misma. Asimismo, el Coneval tiene el mandato jurídico de publicar cada dos años la pobreza estatal y cada cinco años la pobreza municipal, con base en los censos y encuestas del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

En otros términos, la pobreza se mide por dos grandes espacios: el bienestar (cantidad mínima de recursos monetarios para satisfacer necesidades básicas) y el acceso a derechos sociales (cuando no se tiene acceso se refieren como carencias sociales). En esta línea, la medición multidimensional de la pobreza se ha consolidado como la hoja de ruta que guía la política social que encabeza la Sedesol.

Dicha política reconoce a ciudadanos, no clientes, y busca dotarlos de un piso mínimo de bienestar para que puedan ejercer sus derechos sociales reconocidos por la Constitución. Asimismo, focaliza los recursos, interviene en el ámbito local y establece estrategias de coordinación y colaboración interinstitucional, sumando entre actores públicos, privados y sociales, como muestra la Estrategia Nacional de Inclusión (ENI). Cabe destacar que, desde la creación de la Sedesol, ha existido un relativo consenso social y político en torno a la política social que se refleja en el presupuesto: desde el sexenio de Ernesto Zedillo a la fecha, el gasto social ha aumentado de manera sostenida. Así, el consenso en torno a la necesidad de combatir la pobreza brinda estabilidad y continuidad a la política pública, independientemente de los ciclos económicos y políticos.

Con una estrategia clara y consenso social, la Sedesol llega a uno de cada tres mexicanos, con una infraestructura que permite beneficiar a la ciudadanía permanentemente. Más de 66 mil voluntarias hacen que funcionen los más de 5 mil 300 comedores comunitarios, que llegarán a todos los estados a finales de este mes. Al mismo tiempo, las 27 mil tiendas de Diconsa y 10 mil lecherías Liconsa generan ahorro para millones de familias, y las 9 mil 500 estancias infantiles hacen posible la inclusión productiva de mexicanos que quieren salir adelante.

Al final del día, la política que se ha desarrollado funciona porque, sin lugar a dudas, ha tenido un impacto importante sobre el nivel de vida de las familias mexicanas. En 1990, solamente cuatro de cada 10 personas tenían acceso a un doctor; hoy es el doble. Hace 25 años, 76 de cada 100 viviendas tenían el servicio de agua; ahora, son 95 de cada 100. Del mismo modo, la falta de electricidad disminuyó de 13 por ciento a menos de un punto porcentual. Finalmente, en siete de cada 10 hogares no había hacinamiento, y hoy, son nueve de cada 10 hogares los que cuentan con suficientes habitaciones. En definitiva, la cara de la pobreza que enfrentamos es radicalmente distinta a la que estaba presente cuando fue creada Sedesol.

Con estos resultados, podemos constatar que la política social en México es una auténtica política pública de Estado, porque cuenta con una definición puntual del problema que debe atacar, las diversas dimensiones de la pobreza; tiene acciones, programas y esfuerzos focalizados; establece mecanismos de coordinación interinstitucional verticales y horizontales; y está respaldada por un consenso político y social que se manifiesta en el crecimiento sostenido de un gasto social que da resultados. Con todos estos elementos, debemos reconocer que esta política es estable y tiene amplias garantías de continuidad.

Es cierto también que la lucha contra la pobreza no está ganada, ni mucho menos; nos enfrentamos a diversos factores estructurales que pueden complicar los esfuerzos que hemos realizado en estos 25 años. Si queremos ir más allá de lo alcanzado hasta ahora, tenemos que atender de mejor manera la generación de capital humano, que se conjugue de mejor manera con la inversión que llega a nuestro país y de esta manera impulsemos un mayor crecimiento económico, mismo que deberá ser incluyente y capaz de cerrar las brechas que nos han marcado en las últimas décadas.

Por este motivo, el combate a la pobreza debe complementarse con estrategias económicas que incrementen la productividad, nuestro mayor pendiente. Solamente así, lograremos juntar los resultados en abatimiento de carencias sociales con una sostenida disminución del número de personas en situación de pobreza.

*Economista. Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de Sedesol.