¿Y qué hay de la tortura?

La corrupción más grave de la procuración de justicia, en México, es la tortura. Es cobarde, es deleznable y es abusiva, porque se practica en los cuerpos y en las mentes de individuos que ya están sometidos, muchas veces amarrados de pies y manos, desnudos, con ojos vendados, sin la mínima posibilidad de defenderse de los tormentos. En el caso de las mujeres, la tortura sexual es un patrón que se emplea para infundir terror a grupos de personas –como en el caso Atenco– y hay grados extremos de cosificación y sexualización del cuerpo femenino, durante el cautiverio de las mujeres en manos de policías o militares.

Esta práctica cruel se comete todos los días. Es generalizada, persistente y sobre todo impune, tal como lo confirmó en varias visitas a México el relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez. Para apoyar el hecho de que, en esa materia tan delicada, la impunidad es la regla, baste citar que hay miles de denuncias de tortura ocurrida desde la detención hasta la puesta a disposición de presuntos autores de delitos.

La Procuraduría General de la República inició mil 319 averiguaciones previas por esa práctica cruel, entre 2006 y 2013, pero consignó en 12 casos solamente, reporta el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.

Desde junio de 2017 nuestro país cuenta con una nueva ley para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en la que se establece que el delito de tortura es imprescriptible. Sólo dos servidores públicos han sido sentenciados por cometer estos actos inhumanos. Todo viene a propósito porque en más de 80 páginas de un documento llamado “Equipo de trabajo y agenda”, síntesis del Proyecto de Nación 2018 del partido Morena, en los apartados de Justicia y Seguridad no aparece siquiera mencionada la tortura, repito, uno de los cánceres que corroen las entrañas de esa justicia.

Tampoco en los párrafos dedicados al sistema carcelario se habla del “autogobierno” en los penales, que los convierte en cuevas de privilegio, abusos y corrupción, pues desde atrás de las rejas la delincuencia organizada opera sin freno. Para corregir hace falta nombrar.

Se propone reformar el artículo 19 constitucional para “incorporar como delitos de prisión preventiva oficiosa los relacionados con actos de corrupción”.

En materia de seguridad pública, el texto afirma que la crisis que vive el país “es mucho más profunda y grave que un asunto de policías, narcotraficantes y ladrones”, por lo que “ha sido un error reducir la estrategia de seguridad a una correlación de la capacidad de fuego entre los cuerpos policiales y el crimen organizado, con el único fin de capturar a los grandes capos”. El combate a la corrupción será pilar estratégico de la Secretaría de Seguridad Pública, que será refundada, independiente de Gobernación.

Se anuncia el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública, “hasta que se preparen fuerzas especiales para las 32 policías estatales y se cree la Guardia Nacional”. En aparente contradicción, la Guardia Nacional se integrará con el apoyo de los 214 mil 157 soldados y 55 mil 574 marinos que hay en distintos puntos del país. ¿Se retiran Ejército y Marina o se cambian de uniforme para formar la Guardia, dentro de la nueva SSP?

Algo que aclaró Alfonso Durazo Montaño, del equipo de AMLO, es que el Cisen se usó de manera facciosa. Sí desaparecerá, pero habrá una Coordinación Nacional de Inteligencia.