Zonas intransitables

En este país de las desapariciones suena lógico, aunque preocupante en extremo, el hecho de que se haya modificado el Reglamento para la Dictaminación en Materia de Riesgos de Trabajo e Invalidez, con el fin de incorporar a la desaparición forzada como nueva causal para otorgar una pensión por “riesgo de trabajo”.

Ya se otorgaron 22 pensiones de esta naturaleza para que las familias no dejen de percibir el ingreso que aportaba algún servidor público que cayó en ese “Triángulo de las Bermudas” en que se convierten tantas rutas intransitables que se multiplican en la república y ponen en grave riesgo de muerte o secuestro a todos los mexicanos. Para el caso, se pretende pensionar a policías federales afiliados al ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), a funcionarios y empleados de las secretarías de Hacienda y de Desarrollo Social, del Instituto Nacional de Migración, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre otras dependencias que incluyen al Instituto Nacional Electoral.

Cuando no existe constancia de la muerte de algún empleado público, y tampoco se hace presente ni acude a su trabajo de manera consuetudinaria, los familiares viven en total indefensión, sobre todo cuando el desaparecido era el único aportador económico del hogar.

Si es víctima de desaparición forzada, el pariente deberá demostrar que la abducción ocurrió cuando la víctima estaba en el lugar y hora precisos por motivos de trabajo y obtener de una autoridad judicial una declaración de ausencia.

Los casos resueltos favorablemente ocurrieron en Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Sonora y Quintana Roo.

Encuestadores, enviados que llevan dinero de programas sociales, técnicos de empresas de telefonía celular, colocadores de antenas, constructores de carreteras y presas, además de choferes y trabajadores de empresas refresqueras y repartidores de pan y otros productos alimenticios han sido víctimas de “levantones” con ausencias temporales o definitivas, con o sin pedido de rescate, porque ya hay zonas de riesgo por todos los rumbos del país.

Algunas encuestas gubernamentales o de empresas privadas simplemente no se levantan en zonas de alerta máxima, como la frontera entre Veracruz y Tamaulipas, la de Nuevo León y Tamaulipas, las carreteras que conducen a la Comarca Lagunera, donde convergen municipios de Coahuila y Durango, las fronterizas Reynosa, Nuevo Laredo, San Fernando, Ciudad Juárez, Tijuana, Nogales; la Tierra Caliente de Guerrero y Michoacán, el sur mexiquense y las inmediaciones de Colima y Nayarit. Ahora también Guanajuato, por citar zonas con focos de peligro cintilando siempre.

Antes de que se modificara el reglamento en materia de riesgos de trabajo e invalidez, hubo soluciones improvisadas, autoritarias y hasta caprichosas, como es el caso de siete policías federales enviados por Genaro García Luna a encargarse de la seguridad municipal a Ciudad Hidalgo, Michoacán, pero sin viáticos, sin pasajes de avión o de autobús, sin vehículo oficial y sin uniformes.

Era noviembre de 2009. Nada se volvió a saber de los federales, obligados a rentar una camioneta particular para cumplir la misión asignada. Desaparecidos hace nueve años, se invitó a familiares a ocupar las plazas policiales vacantes, si es que querían recibir el salario de los ausentes.

Unos aceptaron la bizarra oferta, pero otros han mantenido una lucha, desde entonces, por la aparición con vida de los suyos.