Absuelven a la maestra. Elba Esther Gordillo es inocente del delito de defraudación fiscal

Elba Esther Gordillo Morales, exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fue declarada inocente del delito de defraudación fiscal por 4.3 millones de pesos, por inconsistencias en las pruebas presentadas por la Procuraduría General de la República (PGR).

En conferencia de prensa Marco Antonio del Toro, abogado de Gordillo, informó que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito tomó la decisión luego de que presentara un amparo debido a que se violó el derecho a la adecuada defensa según el Artículo 20.

“Sin echar las campanas a volar, sostenemos que la maestra Gordillo fue declarada inocente por defraudación fiscal y, en nuestra opinión, deberá ser exonerada por lavado de dinero y las otras defraudaciones fiscales por tener el mismo argumento, por ser la misma situación y por ya gozar de una sentencia firme sobre el particular”, señaló.

Gordillo continuará en prisión debido a que existen dos juicios y dos averiguaciones previas más por defraudación fiscal, las cuales están suspendidas.

Destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará este miércoles la atracción del caso y determinará si se concede el beneficio de la prisión domiciliaria .

“Esperamos que bajo los principios pro omine de derechos humanos, que deben inspirar el actuar de nuestra Suprema Corte, resuelvan rápidamente que pueda continuar su procedimiento penal en prisión domiciliaria, porque de lo contrario pondrían en riesgo su salud siendo un adulto mayor”.

El proyecto presentado ante la primera sala de la SCJN por el ministro José Ramón Cossío contempla iniciar el análisis de la atracción de este caso, mismo que de ser aceptado, será discutido en la primera sala por cinco ministros.

De ser admitido este caso podría ser discutido hasta el próximo año debido a que los ministros han iniciado ya la redacción de informes anuales de labores con miras a su próximo receso de labores.

Acusó a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de haber escondido la averiguación previa.