Desampara la justicia a defraudados por Ficrea

 

Los fallos de la Corte son desfavorables para 4 mil 900 personas


El Poder Judicial Federal ha dado fallos que, si bien cumplen con la ley, dejaron desprotegidas a las 4 mil 900 personas que perdieron sus ahorros debido a un fraude en la sociedad financiera popular (Sofipo) Ficrea.

A fines del año pasado, dos veredictos –que pasaron inadvertidos a la opinión pública pese a la trascendencia del caso– afectaron a los inversionistas que perdieron su dinero en Ficrea.

El primero, la determinación del Sexto Tribunal Colegiado ratificó el amparo a favor de Rafael Olvera Amezcua contra la orden de aprehensión por el delito fraude superior a los dos mil millones de pesos del que se le acusa.

El otro, la negativa de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de amparar a las víctimas para que se les reparara el daño y pudieran recuperar su inversión al cien por ciento al no recurrir al concurso mercantil.

A fines de diciembre pasado se dio a conocer el veredicto del Sexto Tribunal Colegiado, quien ratificó la sentencia del Juzgado Decimocuarto de Amparo Penal a través del expediente 70/2015.

La Corte consideró insuficientes e infundadas todas las pruebas que entregó el Ministerio Público Federal para tratar de echar atrás el amparo promovido a favor de Olvera Amezcua y ratificó la sentencia con una votación unánime de los tres magistrados.

Aunque ratificó la sentencia inicial por la que se ordenó desechar la orden de aprehensión contra el principal acusado del fraude, también decretó que el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, deberá valorar todas las pruebas aportadas en su conjunto para dictar otra resolución conforme a derecho, y verificar si hay los elementos suficientes para girar nuevamente la orden de aprehensión.

Sobre mojado

En la primera quincena de noviembre pasado, la Segunda Sala discutió el amparo en revisión 266/2016 en el cual decretó negar la protección de la justicia a los quejosos, quienes alegaban responsabilidad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Los afectados presentaron un juicio de amparo para que se deslindara al Gobierno Federal del asunto y que no se revisara bajo el esquema de un concurso mercantil ya que con ello no se garantiza que recuperen el total de su inversión, pues el Fondo de Protección sólo cubrirá a sus ahorradores con 50 por ciento del monto.

Las víctimas pretendían que la Corte estableciera si hubo negligencia por parte de la CNBV en el fraude y, en su caso, se determine que el Gobierno Federal devuelva la totalidad de los ahorros a los casi mil afectados que se adhirieron al amparo en revisión bajo el expediente de la SCJN 266/2016.

El amparo en cuestión iba a ser discutido en agosto, pero de último momento el proyecto de Margarita Luna Ramos por el caso Ficrea fue retirado de la agenda para su discusión en la Segunda Sala, ya que la ministra reconoció ante sus pares que tanto ella como su esposo eran ahorradores de la financiera y también fueron defraudados, lo cual ocasiona conflicto de intereses en el proceso.