El plan para transparentar nombramientos

 

Presentan iniciativa para que designación de funcionarios sea transparente


AUTOR DEL TEXTO EN REPORTE ÍNDIGO: IMELDA GARCÍA

En el Congreso de la Unión ha comenzado un movimiento para cambiar la forma en que se llevan a cabo los nombramientos que les toca procesar.

En el Senado, congresistas del PAN y el PRD han presentado una iniciativa para modificar el Reglamento de la Cámara alta para introducir estándares y formas de trabajo cuando se trate de realizar nombramientos.

Se trata de mecanismos estandarizados que garanticen la transparencia del proceso y la participación de la sociedad civil.

Con esto se busca evitar el reparto de nombramiento de servidores públicos por cuotas y la injerencia de poderes fácticos en las designaciones.

En la Cámara de Diputados, legisladores de Movimiento Ciudadano también presentaron una propuesta para cambiar la forma en que se designará a los consejeros electorales del INE.

Estas propuestas surgen a raíz de reclamos de la sociedad civil por tener mayor transparencia en las designaciones, ratificaciones y nombramientos que deben hacerse en el Congreso y que han sido prácticamente secuestrados por los partidos políticos.

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Senado, el mayor peso

Desde el 2012, cuando entraron en funciones los actuales senadores de la República, en la Cámara alta se han realizado 198 procesos de designación y mil 583 ratificaciones de nombramientos.

Por la trascendencia de los nombramientos y ratificaciones que ahí se realizan, desde varios ámbitos se ha pedido a los legisladores que los procesos para realizarlos sean completamente transparentes y no partidizados, como ocurre hoy día.

“Esto nos ha llevado a una crisis importante de legitimidad de cargos que son sumamente importantes en diversas materias y que ponen en duda la independencia de ellos frente a intereses personales o políticos de otra índole”, afirmó Marcela Torres Peimbert al presentar la propuesta.

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Ahora, Torres Peimbert, Pilar Ortega, Ernesto Ruffo, Héctor David Flores y Jorge Luis Preciado, senadores por el PAN. Y Armando Ríos Piter, Zoé Robledo y Luis Humberto Fernández, senadores del PRD, presentaron una iniciativa para cambiar el reglamento del Senado y que haya un procedimiento estandarizado para hacer los nombramientos, designaciones y ratificaciones.

“Estas reformas van encaminadas a que todas las designaciones, nombramientos o ratificaciones que realice el Senado de la República se realicen bajo los principios de imparcialidad, independencia, objetividad, igualdad de condiciones, transparencia, máxima publicidad, accesibilidad, participación ciudadana y rendición de cuentas”, justifican los congresistas.

Entre los cambios que proponen, está que se apruebe una tabla de gradación de calificación que deberá contener aspectos mínimos a ponderar, para que sean la base que los legisladores tomen en cuenta para ir depurando a los aspirantes.

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Además, debe garantizarse que durante todo el proceso se usen plataformas digitales para hacer transmisiones en tiempo real, se publique toda la información que se genere, con características de datos abiertos, haya comparecencias accesibles y públicas, se produzcan versiones estenográficas y se garanticen mecanismos de participación ciudadana.

En su iniciativa, estos senadores piden que las comisiones que estén encargadas de evaluar a los aspirantes a ocupar un cargo público, emitan no solo un dictamen simple de idoneidad, como lo hacen hoy día, sino que se deberán incluir los parámetros de evaluación, el puntaje que obtenga cada candidato y la evaluación del Comité de acompañamiento.

Los senadores han propuesto también que no se llame a un grupo de la sociedad civil de forma deliberada como se hace hoy día, sino que se conforme un Consejo Ciudadano honorífico al inicio de cada legislatura, integrado por 30 personas propuestas por la sociedad.

Si los ciudadanos participantes detectaran alguna falla en el proceso, deberá reportarlo a los órganos del Senado y la respuesta no debe tardar más allá de 24 horas.

Con todo este esquema, los senadores pretenden dar un paso para despartidizar los nombramientos y evitar que queden en manos –muchas veces- de la Junta de Coordinación Política, que reúne a la cúpula de la Cámara baja, los líderes de las bancadas, lo que vuelve a los nombramientos movimientos con trasfondo político.

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Diputados, por mujeres

En la Cámara de Diputados, donde se realiza ahora el proceso para elegir a los tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), legisladores de la bancada de Movimiento Ciudadano pidieron que se nombre a tres mujeres.

La negociación para cumplir con la cuota de género es uno de los elementos que mantiene atorados los acuerdos, pues las bancadas han decidido apoyar a tres hombres, y el PAN o el PRD deberá ceder en su apoyo para llevar hasta ahí a una mujer.

Esto ocurre a pesar de que ocho de las 15 personas finalistas que integran las tres quintetas son mujeres.

“La reforma política del 2014 nos planteó un reto que hay que enfrentar: la paridad de género. Y ante ello esta Cámara debe dar una respuesta y una muestra de compromiso con la igualdad real y sustancial”, afirmó Candelaria Ochoa, diputada por MC.

Aunque no se trata de la propuesta para cambiar la forma en que se nombra a los consejeros electorales, MC ha pedido que se privilegie lograr la equidad de género en el Consejo General del INE.

Actualmente, de los 11 consejeros electorales solo son tres mujeres: Beatriz Galindo, Adriana Favela y Pamela San Martín. Galindo termina su periodo este 4 de abril.

A revisión

En el Senado se nombra a funcionarios de diversos órganos:

> Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

> Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

> Personal diplomático y de grado militar o naval, se les ratifica

> Integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México

> Funcionarios del INEGI

> Empleados superiores de la Secretaría de Hacienda

> Titular de la Procuraduría General de la República, se le ratifica

> Titular de la Fiscalía contra Delitos Electorales

> Titular de la Fiscalía Anticorrupción

> Fiscal general de la república

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