Piden a magistrados diálogo con el INE

 

El 2018 será un desafío que demanda unidad: Córdova


A días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) envíe al Senado de la República siete ternas de candidatos a integrar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, convocó a los magistrados a “estrechar el diálogo” entre ambas dependencias, ante la proximidad del proceso electoral en 2018, catalogado como un desafío.

Los próximos días 22 y 23 de agosto, 42 aspirantes a magistrados electorales serán entrevistados por ministros de la Corte.

A partir de entonces, los integrantes del máximo tribunal del país elaborarán siete ternas que enviarán al Senado.

Éstas serán aprobadas en sesión pública, el 29 de agosto. De las siete ternas, el pleno del Senado elegirá los nuevos magistrados que rendirán protesta el 4 de noviembre.

En este tenor, el magistrado presidente del TEPJF, Constancio Carrasco Daza, aseguró que la justicia electoral debe adecuar su funcionamiento a los parámetros de razonabilidad, en el contexto de una nueva tendencia de interpretación constitucional.

Al inaugurar los trabajos de la semana conmemorativa “20 años del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, en el auditorio José Luis de la Peza, señaló que el TEPJF ha forjado un nuevo mosaico de derechos políticos, el debido proceso, tutela judicial efectiva, presunción de inocencia, independencia judicial, recurso sencillo y efectivo, así como el derecho de réplica.

“La eficacia en la tutela de los derechos políticos sigue inacabada, pero cuenta ya con un pasado histórico de respaldo que se ha dirigido a demostrar la necesidad de desarrollar herramientas para optimizar el proceso de calificación jurisdiccional de las elecciones”, dijo Carrasco Daza.

En este sentido, continuó el magistrado presidente, la eficacia en la tutela de los derechos políticos cuenta ya con un pasado histórico de respaldo, con un proceso de transición que se ha dirigido a demostrar la necesidad de desarrollar herramientas para optimizar el proceso de calificación jurisdiccional de las elecciones.