California analiza erigirse en primer “estado santuario”

 

Se multiplican demandas contra orden ejecutiva antiinmigrantes


El Congreso de California evalúa la posibilidad de erigirse como “estado santuario”, en un hecho sin precedentes en la historia moderna de Estados Unidos (EU).

Este martes, los legisladores estatales de California promulgaron un proyecto de ley que convertiría a todo el estado en un santuario para inmigrantes indocumentados, desafiando los planes declarados del presidente Donald Trump sobre la deportación de millones de personas.

El Comité de Seguridad Pública del Senado aprobó esta mañana la Ley de Valores de California. La medida ahora se traslada al piso del Senado estatal, donde los demócratas controlan una supermayoría en el Congreso local.

El proyecto de ley fue presentado por el presidente del Senado, el demócrata por Los Ángeles, Kevin de León, y consiste en prohibir a las agencias estatales y locales gastar dinero para hacer cumplir las leyes federales de inmigración.

La medida también prohibiría la aplicación de la ley de inmigración en las escuelas estatales, centros de salud y tribunales.

La lucha por el estatus de santuario podría poner miles de millones de dólares en fondos federales para programas de California en riesgo.

Se multiplican las demandas

San Francisco demandó ayer al presidente de EU, Donald Trump, por el decreto migratorio contra las ciudades santuario, por considerar que se trata de una medida anticonstitucional y una severa invasión a la soberanía de la ciudad californiana.

El texto señala que la orden viola la Décima Enmienda de la Constitución de EU, la cual afirma que los poderes no garantizados al Gobierno Federal deben recaer en los estados.

California analiza erigirse en primer “estado santuario” Se multiplican demandas contra orden ejecutiva antiinmigrantes Por su parte, los procuradores generales de los estados de Nueva York y Massachusetts anunciaron también que se unen a la demanda de Washington contra la orden de Trump sobre el veto a musulmanes.

La demanda fue presentada originalmente por la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU), la Organización de Servicios Legales Jerome N. Frank en la Universidad de Yale, el Centro de Justicia Urbana y el Centro Nacional de Leyes de Inmigración.

Mientras tanto, la procuradora general de Massachusetts, Maura Healey, anunció su decisión de unirse a la demanda debido a que el lenguaje de la orden es “dañino, discriminatorio e inconstitucional, y discrimina sobre la base de la religión y el origen nacional”.

Un grupo de derechos civiles en Michigan interpuso una demanda a favor de personas que poseen la “green card” estadounidense y en contra de la orden ejecutiva de Trump.

En varias ciudades continuaron las protestas contra la decisión de Trump, tal es el caso de Michigan y Minneapolis.

Algunos familiares de víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, se pronunciaron en contra de la política.