Lupita, alumna de la UNAM asesinada en Edomex, era violentada: perito

 

POR MONSERRAT MÉNDEZ

Hace un año, exactamente el 6 de julio de 2017, Juana Isabel Benítez Vega recibió una llamada en la que le decían que su hermana Verónica Guadalupe era agredida. Ella tuvo que reconocer debajo de una sábana el cuerpo tirado en la calle, apuñalado, con el rostro deforme y lleno de sangre, degollada, en San José del Vidrio, en el municipio Nicolás Romero, Estado de México.

También hace un año que iniciaron una batalla legal para que el presunto agresor de su hermana, con quien llevaba seis meses de matrimonio, Luis Ángel, pague por el delito. Las pruebas lo vinculan como el responsable de acabar con la vida de Lupita, como llamaban a Guadalupe de cariño, quien estudiaba la licenciatura de Bioquímica Diagnóstica en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán Izcalli, de la Universidad Autónoma de México (UNAM); con él tuvo un hijo y vivió una relación violenta que terminó con la escena de Juanita, reconociendo a una Lupita sin vida, tirada en la calle.

Ella y Víctor Caballero, abogado que lleva el caso, detallaron en conferencia de prensa que el pasado 3 de julio se llevó a cabo el primer desahogo de pruebas en contra del inculpado en el penal de Barrientos, en el que un perito indicó que Lupita tenía golpes en el cuerpo con una antigüedad de una semana antes de ser asesinada.

Caballero detalló que el proceso actualmente se lleva en el tribunal de enjuiciamiento del distrito judicial de Tlanepantla, en el Estado de México; el ministerio público actual es Omar Vilchis, adscrito a la fiscalía de violencia de género de la Fiscalía General del Estado de México.

Desde el pasado 3 de julio se encuentran en la fase de desahogo de pruebas testimoniales y, detalló, ellos cuentan con 22 personas para el desahogo de pruebas testimoniales, además de ocho pruebas periciales y las pruebas supervivientes que pudieran darse durante el proceso.

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El próximo 1 de agosto se llevará a cabo la segunda audiencia a las 14:00 horas, en la que se acordó desahogar siete comparecencias más, tres peritos y cuatro testimoniales.

Faltan por agendar las pruebas del acusado, “que solamente son dos a cargo de familiares, más las supervenientes”, detalló Caballero.

“Nuestra estimación es que esta parte del proceso no debe de exceder dos a tres meses para que la jueza esté en posibilidad de que se dicte una sentencia”, añadió el abogado.

Indicó que desde que se inició el proceso de vinculación se detectaron varias inconsistencias, como que la fiscalía nunca solicitó el aseguramiento del bien donde rentaban ya que de acuerdo con vencinos de Lupita la agresión empezó desde ahí, y el propietario del inmueble solicita que ya se el devuelva.

“Es evidente que se le tiene que devolver porque la fiscalía fue negligente al solicitar el aseguramiento del bien, la familia durante la fase de investigación solicitó que se llevara a cabo una orden de cateo en el lugar y en lugar de solicitárselo a un juez de cateo la solicitaron al Ministerio Público”, precisa el abogado del colectivo Aequus.

Además, la familia cuando solicitaba la carpeta de investigación le era negada ya que, argumentaban, se requería que la afectada fuera a solicitar copias del documento, aunado a que eran revictimizados.

De acuerdo con Caballero el código penal establece en el artículo 287, que define establece el delito de feminicidio, “en su último párrafo establece que si a juicio del juzgador no se acreditan los elementos relativos a la violencia, en lugar de sentenciar el feminicidio puede llegar a sentenciar como homicidio calificado”, por lo que ahora luchan para que el delito de Lupita no sea sentenciado bajo esta figura penal.

Por último indicó que se acudió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para emitir una queja sobre cuatro puntos, entre las que destacan justo que el congreso del Estado retire del código penal el párrafo de homocidio calificado; que se presenta atención a las amenazas que la familia de Lupita ha recibido por parte de familiares de Luis al final de las audiencias y por redes sociales, delito que no existe, y se maneja como denuncia de hechos.

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Además que, de acuerdo con los mecanismos que ellos establecen, se ponga fin a los privilegios del procesado al interior del penal, esto luego de que hace dos meses, Luis, por conducto de sus abogados le indicó al entonces juez que era amenazado al interior del penal; este giró un oficio a la directora, y mandaron a llamar al procesado, quien indicó que dos tipos le dijeron que tenían una misión para él; sin embargo es protegido por un comandante del cuerpo de custodios del penal de Barrientos, sin detallar nombre, por lo que piden “se investigue quién es la persona que lo está protegiendo, de qué forma y que en caso de estar gozando de un privilegio que termine”.

 

dsl.