Nacionalismo radical

#Dobleces

Por: Israel Mendoza Pérez

@imendozape

Al ambiente de polarización política y social se le suma un nuevo componente. La denuncia de traición a la patria motivada por Morena en contra de los 223 diputados que votaron en contra de la llamada “Ley Bartlett”. Sin embargo, hay puntos endebles en lo legal de dicha acusación; sin embargo, en la esfera mediática se aviva el fuego del resentimiento social en contra de las élites políticas y económicas.

La lucha de transformadores contra conservadores se exacerba. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue el primero en encender las hornillas contra los llamados diputados “vendepatrias”. El término no sólo es despectivo, sino que de inmediato calienta los ánimos de los defensores del nacionalismo.

Motivada por la arenga desde Palacio Nacional, la secretaria general de Morena, Citlali Hernández se convirtió en el ariete para levantar los ánimos revanchistas. A pesar de ser senadora, sabe que es inviable la denuncia. Al menos, el artículo 61 de la Constitución señala: “Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”. Y es que el voto opositor a la Reforma Eléctrica se traduce en una opinión no solo particular si sino del bloque de partidos que la rechazaron.

Además de acuerdo con los artículos 123 al 126 del Código Penal Federal, correspondientes al capítulo 1 de los delitos contra la seguridad nacional, establecen penas de cinco hasta 40 años y multas que alcanzan los 50 mil pesos por alguno de los 21 actos constitutivos de traición a la patria. Siendo el primero el “realizar actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación mexicana”.

Además, para los especialistas en temas legislativos es más una acusación política y débil en lo legal. Si bien, la traición a la patria es un delito, sí tipificado, pero es muy difícil de configurar por una votación en el ámbito legislativo.

Con regularidad, Morena contraataca los movimientos de los opositores con su estilo polarizante. Para ello, metió en la agenda política el “festival de la soberanía”. La derrota en el legislativo la dispersa por pueblos, barrios, colonias y culpa a las élites. Ahora exhibe a los adversarios y rompe los principios más elementales del juego democrático.

Al llevar el debate de la derrota a las calles y encontrar el eco, a través de discursos incendiarios, se genera presión social que puede llegar a ser intimidante para quien la recibe, destacando tanto su gravedad como su agresividad con relación a la democracia.

Otro punto a la confrontación es subir el tema a los seis estados en los que se celebraran elecciones estatales. Los elementos están dados por parte de la senadora Citlali Hernández para despertar el nacionalismo extremo. El discurso de odio no sólo alcanza a los diputados, sino a candidatos que se encuentran más expuestos, en este momento, en campañas. Hay visos de agresividad a través de la violencia digital. Sólo falta un chispazo para incendiar el territorio y pasar al siguiente nivel de ataques desmedidos.