Tema anticorrupción, atorado en Senado

El Senado es causante directo de que el Sistema Nacional Anticorrupción esté cojo. La falta de consensos entre los distintos partidos obstaculiza el nombramiento del fiscal en la materia y de los jueces especializados que sancionarán los delitos de corrupción.

En diciembre pasado se alcanzó un acuerdo entre las bancadas de PRI, PAN y PRD para nombrar al fiscal anticorrupción; sin embargo, está por cumplirse un año y los disensos prevalecen.

Ahora también el Senado está en falta, pues en abril pasado el presidente Enrique Peña Nieto envió las propuestas de 15 magistrados que integrarán la sección tercera con cinco salas especializadas para atender y resolver los procedimientos administrativos sancionadores, por delitos de corrupción cometidos por servidores públicos y/o particulares.

El 18 de julio de 2016 se publicó la nueva Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (LOTFJA), que considera nuevas facultades para el tribunal en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, dentro del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Roberto Gil Zuarth, expresidente del Senado, lamentó que esta Cámara haya violado éste y otros procedimientos para la designación de los fiscales general de la Nación, anticorrupción, electoral y ahora de estos magistrados.

“Estamos perdiendo tiempo y el país está en la peor circunstancia: No tenemos procurador, no tenemos fiscales, no tenemos tribunales anticorrupción. Ya violamos todos los plazos habidos y por haber”, aseguró.

Según un estudio elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa implica una pieza importante para combatir la corrupción en todos los actos que puedan ser demostrados por la Auditoría Superior de la Federación, como el uso indebido de recursos públicos, ilegalidades en las licitaciones y adquisiciones de obras públicas, así como utilización indebida de información o conflicto de interés.

Las propuestas enviadas por el Presidente se encuentran en la “congeladora” de las comisiones de Hacienda y Justicia, pues la disparidad de criterios y sobre todo la protección de intereses particulares impiden un acuerdo entre los partidos para sacar adelante estos nombramientos.

Según el artículo quinto transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, estos nombramientos debieron realizarse en julio pasado.

Los magistrados están facultados para imponer sanciones que van desde la suspensión o destitución del empleo, económica o inhabilitación temporal para las infracciones cometidas por servidores públicos.

Y respecto de las sanciones para personas físicas o morales van desde económica, inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, indemnización por daños y perjuicios a la Hacienda Pública, así como suspensión de actividades empresariales o disolución de la sociedad.

Conocerán de faltas administrativas graves cometidas por los servidores públicos, que van desde el cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato y obstrucción de la justicia.

Y en el caso de particulares: soborno, participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias, utilizar información falsa, obstrucción de facultades de investigación, colusión, uso indebido de recursos públicos, contratación indebida de ex servidores públicos, faltas de particulares en situación especial, cometidas por candidatos a cargos de elección popular o miembros de equipo de campaña.