Lo absurdo del Congreso: legislar marihuana y no sobre ejército

Si bien hay de prioridades a prioridades, el Congreso ha establecido las propias: decidió legislar sobre uso medicinal de la marihuana como paso previo a su uso recreativo –apoyado por personalidades como el exrector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente, el excanciller Jorge Castañeda y algunos diputados perredistas conocidos como consumidores de yerba– y pospuso la legislación para regular el marco jurídico de las Fuerzas Armadas en el tema sensible de seguridad interior.

Lo delicado del asunto radica en el hecho de que se ha preferido la legislación para consumir droga a apoyar con legislación la lucha de las fuerzas armadas contra los cárteles transnacionales del crimen organizado que le han expropiado por la fuerza de las armas soberanía al Estado en zonas territoriales nacionales. Las dos decisiones legislativas tienen una correlación: entregarle plazas territoriales, sociales, políticas y ciudadanas al crimen organizado, porque las fuerzas armadas eran la última línea de defensa del Estado frente a la delincuencia.

Lo que los legisladores han hecho al pasar a otro tiempo el debate sobre las leyes que tienen que ver con seguridad nacional y seguridad interior ha sido una victoria de los cárteles, luego de que durante diez años las Fuerzas Armadas entregaron lealtad, prestigio y soldados muertos y heridos en una lucha contra un monstruo engendrado por la corrupción, incapacidad y complicidad de políticos, gobernantes, empresarios, policías, jueces y sociedad: el crimen organizado es producto del México oscuro.

Los señalamientos del general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda, jefe militar del Ejército y miembro del gabinete presidencial, no tienen valor nada más por la queja sobre el retraso en la adecuación del marco jurídico, sino por el matiz de que la estructura de gobierno del Estado no está interesada en combatir al crimen organizado. Sin las fuerzas armadas –Ejército, Marina y Fuerza Aérea–, la nación y el Estado quedarán a merced de los delincuentes.

El debate sobre el marco jurídico para las fuerzas armadas en seguridad interior revela, en realidad, que la sociedad mexicana prefiere la penetración y control del crimen organizado de espacios de soberanía del Estado, que la respuesta enérgica del Estado contra grupos delincuenciales dedicados a promover el tráfico de drogas y, sobre todo, a estimular el consumo interno de estupefacientes.

Si las policías han fracasado en su profesionalización a lo largo de diez años y a la fecha siguen al servicio del crimen organizado y si al cuerpo legislativo no le preocupa que las cifras criminales sigan subiendo porque no hay policías eficientes en los tres niveles de gobierno, el ejército carece de facultades para hacer milagros.

La correlación entre resultados de eficiencia en lucha contra el crimen organizado y las violaciones de derechos humanos es más que favorable a las Fuerzas Armadas, con la circunstancia de que el alto mando militar es el primero en castigar abusos contra la población civil.

Lo grave del asunto radica en el hecho de que los derechos humanos están ya al servicio directo o indirecto de las bandas criminales. Y los legisladores, al rechazar el marco jurídico de seguridad interior, también benefician la consolidación del crimen organizado en las estructuras del Estado.

Ya lo dijo Burke en su Pensamientos sobre las causas del actual descontento: “cuando se combinan los malos, los buenos tienen que asociarse; en otro caso irán cayendo uno a uno, sacrificados implacablemente en una lucha mezquina”.

Política para dummies: La política suele ser la firmeza de las convicciones, sobre todo cuando toca muchos conflictos de intereses.

Política para dummies: La política suele ser la firmeza de las convicciones, sobre todo cuando toca muchos conflictos de intereses.