Manejos turbios

La oleada de exgobernadores que se encuentran investigados por manejos financieros turbios demuestra que la mayoría está en averiguación por empleo de recursos de procedencia ilícita. Esto significa que los exmandatarios han actuado de manera delictiva, ya que la conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que proceden de alguno o algunos de los delitos de narcotráfico (o de otros delitos previos), o de un acto de participación en tal delito o delitos con objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tal infracción o malversaciones para eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones.

Y es que debe entenderse como producto de una actividad ilegal: los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, de los cuales existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia.

Bajo esta definición, en México las operaciones con recursos de procedencia ilícita, se señalan en el Artículo 400 bis del Código Penal Federal, y se conocen como lavado de dinero, lo cual es considerado un delito grave.

Este tipo penal se persigue de oficio por la Procuraduría General de la República, salvo que se realice mediante el sistema financiero, situación en la que requerirá de querella por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por ello es que ningún gobierno puede declararse preso político. Su responsabilidad de manejar de manera adecuada los recursos y no involucrar el ejercicio del poder con empoderamiento desmesurado es una de la diferencias a observar, que su mandato obedece al servicio público.

En la actualidad, las acusaciones contra los ex gobernadores no son armas políticas, sino que preocupa a los ciudadanos y a las autoridades que se les confíe el poder y terminan en un escándalo que desprestigia a su persona y al partido que lo impulsó.