Cimbran al Senado quejas de mujeres indígenas

Mujeres indígenas alzaron la voz desde el Senado de la República para denunciar que continúan en una situación de alta vulnerabilidad, al enfrentar múltiples niveles de racismo tanto por su origen como por razones de género y de estatus económico o social.

Con su bebé en brazos, Norma Cruz Salazar, quien además fungió como la secretaria de la Mesa Directiva, exigió una reforma que obligue al Estado para que se les capacite en materia de derechos humanos, violencia de género y acceso a la justicia indígena.

Ataviadas con sus mejores ropas características de su región, las parlamentarias por un día usaron la máxima tribuna del país para reiterar la carencia de servicios de salud, educación, traductores en juicios, seguridad y derechos políticos por el simple hecho de ser mujer y por ser indígena, muchas veces objeto de burla por su vestimenta, rasgos y color de piel, acusó Laura Avendaño Aguilar.

Las representantes de diferentes pueblos y comunidades originarios reiteraron el deben del Estado para que les garantice la seguridad personal, la integridad física y moral, protegiéndolas contra toda forma de violencia, incluyendo violaciones y otros crímenes sexuales como feminicidios.

Durante el Primer Encuentro de Mujeres Indígenas organizado por el Senado de la República, las mujeres exigieron cambios en las políticas públicas y confiaron en que los legisladores aprueben leyes en beneficio de las mujeres y “no simulen”, exigió Mayra López Pineda, de Oaxaca.

“Pero de qué sirve contar con legislaciones de avanzada que cumplan con estándares de Derechos Humanos, cuando en la práctica las y los funcionarios siguen discriminando a las mujeres indígenas. Si una mujer va al Ministerio Público para denunciar violencia de género, el agente del Ministerio Público la maltrata”, lamentó Laura Avendaño.

Ante la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, así como senadoras, senadores, diputadas y funcionarios del Gobierno federal, las mujeres indígenas resaltaron que en muchas de sus comunidades sus derechos político-electorales son vulnerados al considerarlas una “juanitas” (personas que participan en procesos electorales y, si ganan, el puesto lo tienen que entregar a un hombre).

María Teresa Perucho Bravo provocó con su discurso el aplauso de sus compañeras sentadas en los escaños del Salón de Plenos, al denunciar que “las mujeres indígenas nunca decimos lo que pensamos o sentimos por dos razones: porque hemos sido educadas en una cultura en donde las mujeres tenemos que ser tímidas, calladas y sumisas”.

La otra, “porque no sabemos hablar bien el español, ni mucho menos dominarlo y esta es la primera limitante al acceso de la justicia de las mujeres indígenas… que tienen acceso a unos cuantos derechos humanos como mujeres, pues vivimos en un país tan discriminatorio y racista”.

Exigieron un mundo en donde “quepamos todas”, pero eso difícilmente se logrará cuando en comunidades sigue la venta de niñas, el maltrato físico y mental de sus parejas sentimentales y hasta de familiares.

Además, plantearon el establecimiento de políticas en contra de la pobreza de las indígenas, que tengan como base las múltiples formas de discriminación que enfrentan, así como información sobre salud sexual y reproductiva, porque las mujeres indígenas siguen muriendo de cáncer.