“Decretazo” aprobado por Morena, ataque a la democracia: Cruz Blackledge

En el Senado, Morena impuso la ilegalidad haciéndola legal, lo que va en contra de la democracia y de las y los mexicanos, denunció la senadora Gina Cruz Blackledge, refiriéndose al llamado “decretazo” por el que todos los servidores públicos, incluido el Presidente de la República, pueden promocionar la consulta de revocación de mandato.

La legisladora panista reprobó que senadoras y senadores de la mayoría en el poder, impusieran el “decretazo” enviado de la Cámara de Diputados, el cual es inconstitucional toda vez que viola la prohibición que establece el artículo 105, fracción II penúltimo párrafo de la Constitución Política.

En ese sentido, agregó que la Carta Magna mandata que las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.

“Hoy evidenciaron que sus prioridades no corresponden con las necesidades urgentes de los ciudadanos de este país. En lugar de apoyar a las personas y a las familias con Ingreso Básico Universal, como lo hemos propuesto desde Acción Nacional, dieron rienda suelta a los caprichos del presidente”, aseveró.

Cabe precisar que en el decreto aprobado se interpreta el párrafo octavo del artículo 134 constitucional; este párrafo prevé que la propaganda gubernamental no incluirá en ningún caso nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Cruz Blackledge explicó que “legisladores de Morena y sus aliados aprobaron una interpretación según la cual no constituye propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables”.

Expuso que esta aprobación abre la puerta para que López Obrador, su partido y sus aliados puedan promover la consulta de revocación, se da libertad para realizar propaganda personalizada a cualquier servidor público y se pretende que las sanciones que se puedan aplicar por propaganda personalizada queden sin efecto.