Diputados deben acatar mandato del TEPJ, afirma Rubén Moreira

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados se reunirá este miércoles con el propósito analizar la amonestación y el segundo emplazamiento dictado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que los mandata a incluir al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Rubén Moreira Valdez, presidente de la Jucopo, dijo que la controversia constitucional que interpuso el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, en contra del mandato de los magistrados electorales no ayuda a los acuerdos políticos entre las distintas fuerzas política.

Indicó que Gutiérrez Luna, aunque tiene facultad de interponer controversias constitucionales, se blindó “malamente” a la Junta de Coordinación Política al no haberle notificado.

“Claro que el presidente tiene esa facultad, ustedes lo saben, el presidente de la Mesa, pero creo que no ayuda a los acuerdos políticos en esta Cámara. De todos modos, hay que recordar que las autoridades señaladas son la Mesa, por un lado, y la Junta de Coordinación Política. Entonces son dos resoluciones distintas que mañana veremos cómo se desahogan”.

En entrevista, el también coordinador del grupo parlamentario del PRI mantuvo su postura a favor de que se acate el mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Yo creo que hay que acatar al Tribunal. Los tribunales al final del día en un país con división de Poderes, su objetivo es que nos sometamos al final del día a la ley, y el Tribunal es constitucional, que es constituido por una Legislación nos está ordenando algo, ya no vale la discusión, hay que acatarlo”.

“Y que, además, este es un problema que yo creo que está creciendo, cuando el tema es que todas las voces estén representadas, y además se guardaría todavía la mayoría ponderada que ellos tienen, eso no tendría ningún otro efecto”.

Sobre la amonestación, Rubén Moreira preciso que solo aplica para los diputados que se negaron a acatar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.