Un plan emergente que suspenda el pago de contribuciones que puedan ser diferidas, a fin de disminuir el impacto económico de las familias mexicanas frente a la pandemia del Covid-19, propone el senador priista Mario Zamora Gastélum.
En su punto de acuerdo solicita que el Senado de la República exhorte a diversas autoridades del Gobierno federal, instrumentar esa estrategia que deberá incluir la creación de un acuerdo para diferir los pagos de los servicios de agua y luz entre abril y junio, sin el cobro de intereses y sin afectar el historial crediticio de los usuarios.
El senador sinaloense pide que también se emita un decreto para igualmente diferir el pago de créditos hipotecarios, de vehículos y bancarios hasta por tres meses sin que se generen gastos de cobranza por la suspensión.
Además, establecer un programa especial que reduzca el impacto a los trabajadores independientes para salvaguardar sus derechos laborales que, a través las respectivas instancias gubernamentales (IMSS, ISSSTE, INFONAVIT), implementen una estrategia que permita cubrir las incapacidades por cuarentena por el tiempo que sea necesario, y se suspenda el pago de cuotas de seguridad social y vivienda de abril a junio para ser diferidos sin recargos.
En otro rubro, el senador considera se garantice la disponibilidad de granos, alimentos y se establezca un precio especial de los productos de la canasta básica, así como implementar un programa de subsidio para los alquileres comerciales de las pequeñas y medianas empresas.
Para el sector hotelero solicita se otorgue una ampliación del plazo para la devolución de anticipos o entrega de certificados de servicios, a fin de evitar multas a través de la implementación de un plan emergente, a fin de que hoteles y servicio de transporte (taxis) estén a disposición del sistema de salud para el traslado y aislamiento de personas portadoras o que desarrollen el Covid-19, cuyo costo será asumido por el Gobierno federal.
Zamora Gastélum pide que el Senado de la República exhorte al Ejecutivo federal que, a través de las secretarias de Hacienda y Crédito Público y de Salud, así como sus homólogos en las entidades federativas, determinen un bono económico a los profesionales de la salud durante los meses que dure la contingencia de salud ocasionada por el Covid-19.
