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FGJ-CDMX detuvo a Adriana Rodríguez, presunta reclutadora de la red de prostitución de Cuauhtémoc Gutiérrez

*FOTOS Y VIDEO FGJ-CDMX****
*FOTOS Y VIDEO FGJ-CDMX**** 

La Fiscal señaló que Rodríguez Regalado, fue trasladada al Centro Femenil Santa Martha Acatitla para quedar a disposición de la autoridad judicial que la requirió.


La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, dio a conocer que Agentes de la Policía de Investigación (PDI) detuvieron el miércoles a Adriana Rodríguez Regalado, quien presuntamente fungía como reclutadora de una red de prostitución que operaba al interior del PRI cuando era dirigente estatal Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre conocido como “El Rey de la Basura”.

“La mujer formó parte de las colaboradoras y subalternas del ex líder partidista que, publicaban anuncios de ofertas de trabajo en periódicos y portales de internet y reclutaban a mujeres, para inducirlas a ofrecer servicios sexuales a su jefe”.

La Fiscal señaló que Rodríguez Regalado, fue trasladada al Centro Femenil Santa Martha Acatitla para quedar a disposición de la autoridad judicial que la requirió y quien en las próximas horas determinará su situación legal.

Godoy Ramos, destacó la actuación profesional, objetiva y apegada a la ley, del personal de la Fiscalía de Investigación sobre los Delitos en Materia de Trata de Personas, al realizar la investigación e integración de la indagatoria entregada al Juez.

“El pasado 11 de septiembre, después de una revisión rigurosa de la averiguación previa, ordené ampliar las diligencias para perfeccionar la investigación con el objetivo de encontrar la verdad y la justicia, ya que, en su momento, se pretendió ocultar la indagatoria para que, con el tiempo, prescribiera”.

En video conferencia de medios, la Abogada de la Ciudad de México, informó que ordenó la realización de una investigación interna a efecto de determinar responsabilidades por omisiones contenidas en la investigación realizada por la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad.

“Tal y como fue el compromiso y es nuestra obligación, analizamos las denuncias y los elementos probatorios que las sustentan con objetividad, transparencia y exhaustividad, profesionalismo, rigor científico, honestidad y apego estricto a la ley”.

Señaló que se tuvieron que realizar diligencias y pruebas periciales que no se habían hecho y que eran cruciales para que el Ministerio Público determinará la existencia o no del delito y en consecuencia la responsabilidad penal de las personas imputadas.

Apegados al principio de exhaustividad en la investigación, se realizaron más de 40 diligencias consistentes en análisis de declaraciones, tanto de testigos como de probables víctimas; informes de criminalística, dictámenes de informática, audio y video; y expedientes laborales de los probables responsables.

“En este sentido, quiero destacar y agradecer el apoyo invaluable de los peritos de la Fiscalía General de la República”.

Este amplio trabajo de investigación, realizado por ministerios públicos, policías de investigación y peritos de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, permitió que el pasado 24 de febrero de este año se dictaminara el ejercicio de la acción penal en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y de otras cuatro personas, por lo que el representante social solicitó y obtuvo el pasado 02 de marzo, orden de aprehensión en contra de las cinco personas referidas, entre ellas tres mujeres.

“Los dos hombres y las tres mujeres son probables responsables de los delitos de trata de personas, en las modalidades de explotación sexual agravada, en grado de tentativa, y de publicidad engañosa, así como del delito de asociación delictuosa”

Además se solicitó a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol de la Fiscalía General de la República la emisión de fichas rojas para la búsqueda, localización y aprehensión de las personas ya citadas.

Asimismo, se pidió la correspondiente emisión de una Alerta ante el Instituto Nacional de Migración y se solicitó el congelamiento de las cuentas bancarias de dichas personas, a la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la que agradecemos ampliamente su colaboración, particularmente a su titular, Santiago Nieto Castillo.

Como parte de las diligencias realizadas con motivo de las indagatorias sobre este particular, elementos de la PDI, cumplimentaron el pasado 09 de marzo, cuatro órdenes de cateo, solicitadas y obtenidas por la Fiscalía de Investigación Estratégica Central, para diversos inmuebles ubicados en las alcaldías Gustavo A. Madero y Tlalpan, posiblemente vinculados con dichas personas, a efecto de allegarnos de indicios que puedan ser integrados a la indagatoria correspondiente.

“Con respecto a las demás personas que, por el momento, no han sido localizadas, quiero informarles que esta fiscalía ha activado todos los mecanismos legales de búsqueda para presentarlas ante el juez correspondiente, y no habrá lugar seguro ni tiempo para sustraerse de la acción de la justicia”.

Ernestina Godoy, fue enfática al señalar que la Fiscalía a su cargo no fabrica culpables, pero tampoco realiza exoneraciones a modo.

La relevancia política o social de las personas sujetas a una investigación penal no determina su inocencia o culpabilidad en los hechos que se le imputen. Son las pruebas y nada más, las pruebas, es la evidencia la que soporta nuestra acusación, así como un trabajo profesional, que en su momento pudo hacerse y no se realizó.

“Las personas imputadas gozan de las garantías de defensa y tienen el derecho a un juicio justo por parte del Poder Judicial, mismo que es quien autoriza las órdenes de aprehensión y las diligencias de cateo, fundado y motivado en pruebas que la Fiscalía les presenta, Son ellos quienes las otorgan y definen los tiempos para su ejecución, las víctimas tienen en esta fiscalía garantía de protección y acompañamiento”.

Finalmente agregó que acabar con la impunidad y la normalización de actos de violencia hacia las mujeres, es una responsabilidad de la Fiscalía Capitalina.

“La entonces Procuraduría falló en su obligación de garantizar acceso expedito a la justicia a las víctimas y en algunas de sus actuaciones estaban posibilitando que los delitos quedaran impunes, la revisión oportuna del caso, hecha por personal especializado, nos permitió realizar una investigación real y cumplir con nuestra obligación de procurar justicia, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”.