La despenalización del cannabis no es apoyar negocios privados: Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la despenalización de la producción, procesamiento, distribución y comercialización del cannabis, la marihuana, y de los productos para uso medicinal o lúdico, tiene por objetivo que miles de campesinos, víctimas de la delincuencia organizada, puedan obtener permisos de siempre y tengan asegurada la compra del producto por agentes autorizados.

Acompañada por el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, la funcionaria asistió al segundo día de trabajos de la IV Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, en donde explicó los alcances de la iniciativa ley sobre la despenalización del cannabis que presentó el 8 de noviembre de 2018.

Dejó en claro que el objetivo no es necesariamente el negocio privado, ni la rentabilidad de unos cuantos o incluso de muchos, “eso no es lo que motivó mi iniciativa”.

Ante los senadores de los partidos Morena, Encuentro Social y Verde Ecologista, encabezados por Ricardo Monreal y Mónica Fernández Balboa, la secretaria de Estado subrayó que su propuesta la motivó la justicia social, así como el derecho de cada persona adulta a su autodeterminación y al libre desarrollo de su personalidad y, por tanto, el ejercicio de esa misma libertad en sus decisiones de consumo.

“No hay evidencia contundente sobre el impacto de la despenalización de la producción y comercialización de la marihuana en los índices de violencia delictiva, no hay. Existen datos que apuntan en un sentido positivo, pero otros sugieren un efecto marginal”.

Sin embargo, aclaró que no tiene duda que la despenalización quitará del horizonte de vida de miles de campesinos, ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios, una espada de Damocles, una amenaza que hoy pende sobre sus cabezas y alienta la acción del crimen organizado para presionar, extorsionar o someter la violencia a los productores del campo.

“Creo que la experiencia internacional nos ayudará a encontrar las mejores soluciones para México”.

NO ESTIGMATIZAR

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, de entrada, dijo que se debe reconocer que la estrategia prohibicionista es ya insostenible, no sólo por la violencia que ha generado, sino por los malos resultados que ha presentado en materia de salud pública.

Mencionó algunos ejemplos: la prohibición no se ha traducido en la reducción del consumo de cannabis, se ha criminalizado inevitablemente a los consumidores, disminuyendo sus probabilidades de reinserción y rehabilitación y, sobre todo, el problema se ha convertido en una crisis de seguridad pública a nivel nacional.

Desde el punto de vista médico, agregó, su propuesta alternativa es no estigmatizar a las y los usuarios, enfocarlos en mantener el control de los consumidores, mediante un seguimiento clínico y suministro de dosis con prescripción para, en un segundo paso, ofrecerles tratamientos personalizados y bajo supervisión médica.

De acuerdo con los datos de la ONU contra la droga y el delito, el cannabis es la droga ilícita más consumida en el mundo, cerca de 200 millones de personas de 15 a 64 años consumieron cannabis con fines no médicos en el año 2016.

Aseveró que lo grave, es que ha crecido el uso de la marihuana en la población estudiantil, donde cerca de 3 por ciento de las niñas y niños de quinto y sexto año de primaria han consumido cannabis por lo menos una vez en su vida y un poco más de 10 por ciento de los estudiantes de secundaria y bachillerato han experimentado su uso.

Desde el punto de vista médico, ratificó que el consumo de cannabis no es inocuo y causa daños a la salud, entre ellos problemas mentales y del comportamiento.; sin embargo, reconoció sus utilidades terapéuticas que se reconocen notablemente en sus propiedades analgésicas y antiepilépticas.

Alcocer Varela consideró necesario crear una ruta efectiva de trazabilidad que permita rastrear el origen y destino del producto, desde la semilla, el cultivo, la fabricación, la distribución, el almacenaje, hasta la venta final, con el objetivo de garantizar la calidad del producto y detectar causas de problemas en todo el proceso.

Sin embargo, aclaró que se necesita un modelo de regulación responsable y adecuado a la realidad mexicana; se necesita proteger la salud de las personas frente a un producto psicoactivo, respetar la autonomía de las personas, proveer la información basada en la evidencia sobre etiquetado y condiciones de consumo, proteger de riesgo a la población más vulnerable: niños, niñas, jóvenes y mujeres embarazadas.

Además, establecer la venta de cannabis como un servicio socialmente responsable y, sobre todo, facilitar programas de rehabilitación y tratamiento para toda aquella persona que lo solicite.