Hasta el momento el Gobierno de la Ciudad de México liberó a 11 personas pertenecientes a grupos indígenas, quienes cometieron algún delito menor y que podían salir bajo fianza, pero que por falta de recursos no habían pagado y en consecuencia seguían presos.
Esta liberación es parte del programa que realiza la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SIPI) de la ciudad, que contempla beneficiar a indígenas recluidos en cárceles de la ciudad a quienes, en algunos casos, se les violaron sus derechos y sus delitos no son graves.
Larisa Ortiz Quintero, titular de la SIPI explicó que ahora también buscarán ayudar a menores infractores indígenas para que puedan ser liberados.
“Tenemos 11 personas liberadas, a partir de facilitarles el pago de algún requisito que nos piden en el sistema penitenciario. Ahora también tenemos un fondo económico más amplio para poder beneficiar a más personas y queremos también acercarnos a los jóvenes indígenas en conflicto con la ley”, refirió Ortiz.
De acuerdo con la funcionaria, se buscará atender a los integrantes de este grupo poblacional debido a que “históricamente que han sido olvidados” y se calcula que con el programa se podría ayudar a cerca de 20 jóvenes, hombres y mujeres.
Para este año la secretaría capitalina, encargada de atender a los grupos indígenas, tiene un presupuesto cercano de un millón de pesos para el proceso de liberación, que según Ortíz, alcanzará para ayudar a más personas pues las condenas económicas son bajas.
Respecto a las críticas que se han dado por realizar las liberaciones, la funcionaria afirmó que se libera de acuerdo a ciertas reglas establecidas.
“Es necesario que se sepa que este programa tiene reglas, no es que se prelibera a cualquier persona sino que se tiene que cumplir ciertos requisitos; además esto se acompaña de un proceso de re-inserción social”.
“Luego de un año de que las personas obtienen la liberación, estamos monitoreando su situación, de tal manera que se les ofrecen otro tipo de servicios para que en su caso, al haber sido primo delincuentes, no vuelvan a reincidir”, explicó.
Este programa se puso en marcha en diciembre del año pasado al inicio de la administración de Cluadia Sheinbaum como jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
Para iniciar un proceso de liberación, funcionarios capitalinos realizan visitas a las familias de las personas indígenas encarceladas, además acuden a los domicilios donde vivían antes de cometer el delito para conocer las posibles causas que los llevaron a la cárcel.
Una vez que se determina que efectivamente pertenecen a un grupo indígena se inicia el proceso de preliberación también se les otorga apoyo médico, psicológico y se les dan ofertas laborales.
