Propone PRI bajar a 60 años derecho a recibir pensión

El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados propuso reformas constitucionales para bajar a 60 años el derecho a la pensión y garantizar que el monto de su percepción se eleve conforme a la fluctuación del nivel inflacionario.

La iniciativa, impulsada por los legisladores hidalguenses Marco Antonio Mendoza, Johana Montcerrat Hernández, Sayonara Vargas, Norma Aceves y Victoria Eugenia Méndez, plantea modificar el artículo 4 de la Carta Magna con el propósito de buscar soluciones para el retiro y la estabilidad de los adultos mayores.

Los cambios beneficiarían al sistema de pensiones no contributivas, creado hace 20 años en México, el cual ha avanzado de manera gradual en su implementación.

Indicaron que, en 2007, el Gobierno Federal diseñó la Pensión para Adultos Mayores de 70 años y más, con el fin de atender a esta población y mejorar su situación de vida; el programa en 2014, contó con una partida del Presupuesto de Egresos y la edad de la población beneficiaria se redujo a 65 años y se elevó el monto de la transferencia.

En 2019 este programa fue modificado por segunda ocasión para reducir la tasa de personas que no contaban con apoyos para retirarse. Sin embrago, las metas no han seguido la ruta correcta porque en 2020, el partido en el poder modificó el artículo 4 constitucional para obligar al Estado a entregar estos apoyos, pero sin establecer una fórmula que lo garantice.

Señalaron que este apoyo a la población adulta además ha encarado retos como el de la pandemia del Covid-19, que en los primeros meses dejó de recibir la ayuda y la actual inflación que alcanzó los niveles de 7.7 por ciento, ha disparado los precios de los productos de la canasta básica, afectando a este grupo.

A pesar de esta realidad, agregaron, los criterios y montos de la pensión para adultos mayores no se han modificado de acuerdo a las necesidades que tienen hoy las personas.

Los priistas señalaron que la pensión que otorga el Gobierno únicamente cuenta con un padrón de más de 10 millones derechohabientes; esto significa que existen alrededor de cinco millones de mexicanos excluidos, independientemente de su condición económica.

Es por ello, que a través de esta iniciativa se busca dar una solución que integre la trayectoria institucional del programa y aprenda de los errores que está cometiendo la administración.