Proponen diputados plasmar en la Constitución Política la inembargabilidad de programas sociales por parte de bancos

La secretaria de Bienestar, legisladores, así como especialistas, se manifestaron por que quede plasmado en la Constitución Política la inembargabilidad de los programas sociales como garantía de derechos de grupos vulnerables, con el propósito de combatir la pobreza y la desigualdad social.

Durante el primer conversatorio “La Protección de los Programas Sociales en América Latina”, la presidenta de la Comisión de Bienestar, la petista Ana Karina Rojo Pimentel, acusó a los bancos de hacer uso ilícito de estos programas sociales, que son apoyos económicos para las personas con discapacidad permanente, pensión no contributiva y becas para estudiantes de todos los niveles educativos.

“Es preocupante que este sector sea frecuentemente víctima de prácticas o cláusulas establecidas en los contratos que ofrecen las instituciones financieras por sus servicios, las cuales establecen descontar, retener o embargar recursos de sus clientes por algún adeudo, no importando el origen de los recursos de sus clientes”.

Manifestó que para revertir estas prácticas, se ha planteado una iniciativa para adicionar un último párrafo al Artículo 4° de la Constitución Política en materia de inembargabilidad de programas sociales la cual actualmente está en proceso de dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales.

Considero que este término debe plasmarse en la Carta Magna para que cualquier otro gobierno que quiera intervenir esté atado de manos.

La legisladora de Morena, Aleida Alavez Ruiz, promotora de esta iniciativa, señaló la necesidad de analizar la protección de los recursos de los programas sociales que el Estado transfiere a los sectores más vulnerables, para evitar que se usen para el cobro de cualquier tipo de deudas, sin el debido proceso legal previo, porque los colocaría en un estado adicional de precariedad, generando un daño económico que afecta su subsistencia y la de su familia.

“No se pretende evitar el cobro de deudas; lo que se busca es que las instituciones financieras no utilicen los fondos que, como sociedad, aportamos a las personas mayores y con discapacidad, estudiantes y otros, cuya finalidad es cubrir sus necesidades más apremiantes, para cobrar créditos sin el debido proceso legal, ésa es la propuesta de nuestra iniciativa constitucional”.

Amalia García Medina, de Movimiento Ciudadano, planteó realizar un taller para ahondar en los temas del conversatorio, como el modelo de política pública y del Estado de bienestar cuidador, conocer cuándo se liberó el tiempo de las mujeres en esas tareas y cómo se han incorporado a la actividad productiva.

Recordó que está pendiente la creación del Sistema Nacional de Cuidados y propuso avanzar en una ley general en la materia.

Por su parte, Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, afirmó que no deben legalizarse las deducciones que pongan en riesgo la capacidad del salario y el sostenimiento de las familias.

La funcionaria dijo que se deben proteger los apoyos sociales, becas y pensiones de la política de bienestar que otorga el gobierno, que representan el poder adquisitivo de millones de personas para alcanzar el salario remunerador que prescribe la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, subrayó.

Consideró indispensable el blindaje contra deducciones a los ingresos de trabajadores y familias; “estamos tranquilos de que en el Legislativo se vea bajo una óptica común, porque daría mayor coherencia al propósito de elevar significativamente la capacidad adquisitiva de familias”.

El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Edgar Salvador Caballero González, indicó que a través de las pensiones no contributivas se garantizan derechos como la salud, educación y vivienda. Su implementación corresponde al cumplimiento de una obligación constitucional y a lo dispuesto por tratados internacionales, por lo que afirmó que embargar una pensión no contributiva es restringir el ejercicio de un derecho.

Por último, Alfredo Octavio Rada Vélez, ex ministro del gobierno de Bolivia, compartió la experiencia de su país en materia de política social y dijo que se debe determinar el financiamiento de los programas sociales, si será con endeudamiento, con nacionalización de empresas o regalías de exportación, e incorporar en la legislación la protección de programas sociales y su inembargabilidad, “porque el sistema financiero tiene sus propias reglas, lógica de funcionamiento y pueden darse abusos”.