Piedra Ibarra dijo que la seguridad ciudadana aparece hoy como una demanda cotidiana en el debate público.
La Titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, advirtió que abordar el tema de la seguridad pública y los derechos humanos es sin duda un tema central para el país.
“Ya que los derechos humanos de las personas, pueblos y comunidades, han sido reiteradamente vulnerados, colocando a dichas personas, pueblos y comunidades en situación de víctimas frente a las más graves e inhumanas formas de violencia y criminalidad”.
En su carácter de “Invitada Permanente”, al Consejo Nacional de Seguridad (CNS), Piedra Ibarra, dijo que la seguridad ciudadana aparece hoy como una demanda cotidiana en el debate público y, junto con el combate a la pobreza, como el tema central de la discusión democrática.
“La perspectiva de los derechos humanos permite abordar la problemática de la criminalidad y la violencia, así como su impacto en la seguridad ciudadana, mediante el fortalecimiento de la participación democrática y la implementación de políticas centradas en la creciente ciudadanización del aparato de seguridad, que tenga como eje la protección de la persona humana”.
Señaló que el estado mexicano, en sus diferentes niveles de Gobierno, debe ser capaz de crear y transformar las condiciones en que se desarrollan las actividades de las personas y los grupos que integran la sociedad.
“Es decir, que no pueden comprenderse cabalmente sin una referencia concreta a los derechos humanos, y si no se ocupan de las diferentes dimensiones de los problemas que originan la criminalidad y la violencia; desarrollándose con un enfoque complementario tal que posibilite el ejercicio de los proyectos de vida, el desarrollo humano sostenible y muy concretamente la erradicación de la pobreza y la desigualdad”.
CNDH
La Ombudsperson Nacional, dijo que no se debe olvidar que el país se encuentra obligado por un conjunto de normas que exigen la garantía de los derechos particularmente afectados por las conductas violentas o delictivas: el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad personal y el derecho al uso pacífico de los bienes.
“También está obligado a promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a las garantías procesales y a la protección judicial, el derecho a la privacidad y a la protección de la honra y la dignidad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de reunión y asociación, y el derecho a la participación en los asuntos de interés público”.
Por ello, dijo, se deben de incorporar medidas de garantía de los derechos a la educación, a la salud, a la seguridad social y al trabajo, entre otros.
Y enfatizó que la Constitución Política mexicana, señala en el artículo 21 que la seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala.
“La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.”
Ante los Gobernadores de las Entidades Federativas, Piedra Ibarra, dijo que es importante resaltar que un requisito sin el cual no es posible el respeto y garantía de los derechos humanos en las funciones de prevención, disuasión y represión del delito, particularmente en lo que se refiere al combate a:
“La Criminalidad organizada, la trata, el tráfico de personas y el narcotráfico, es la existencia de efectivos altamente profesionales y capacitados pero sobre todo comprometidos con el Estado de Derecho, lo que incluye a la Guardia Nacional y desde luego a las Fuerzas Armadas”.
Por ello se debe contar, con los equipos y medios materiales adecuados y una justa remuneración para cumplir con eficacia su tarea, con programas de formación y capacitación integrales, protocolos de actuación muy claros, y leyes y reglamentaciones que sancionen las desviaciones y los excesos y por ende, que impidan la reproducción de la impunidad ante la violación de los derechos humano.
“Situación inadmisible, ante la que la Comisión ejercerá su función sin titubeos ni excepciones, como el organismo autónomo que es, pero sobre todo con un ánimo constructivo de corrección y en su caso, por qué no, de empuje y aceleración de la tarea superior que a todos nos convoca, de crear una nueva cultura y modos de actuación propicios para la paz, el ejercicio de las libertades, la justicia y la convivencia democrática”, finalizó.
