Solicitará Cámara de Diputados prórroga para corrección de Ley de Comunicación Social

12 de enero 2022

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Gutz. Luna subrayó que luego de que se reciba la notificación judicial se realizan las acciones jurídicas para solicitar dicha prórroga.

Tras el emplazamiento del Poder Judicial para que el Legislativo en un plazo no mayor de 10 días realice correcciones a la Ley General de Comunicación Social, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, confió en que se conceda una nueva prórroga.

Dijo que, pese a que la Cámara de Diputados aun no ha recibido la notificación del juzgado del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, solicitó al jurídico de este órgano parlamentario solicitar una diligencia a fin de que se pueda otorgar otro plazo, debido a que el periodo de sesiones inicia el 1 de febrero.

“Todavía no nos han notificado, pero el día de ayer el director jurídico de la Cámara, por instrucciones mías, fue a platicar con el juez de distrito que emitió está resolución, y la idea es que pudiéramos, ya lo contextualizamos de que estamos en receso, el periodo iniciará hasta el 1° de febrero”.

“Y la idea es que una vez que nos notifiquen, podamos hacer algunas diligencias ante el juez que nos permitan tener un período adicional, que sería este periodo de sesiones que viene, para en el período de sesiones poder aprobar la ley”, indicó el líder camaral.

En conferencia de prensa, subrayó que luego de que se reciba la notificación judicial se realizan las acciones jurídicas para solicitar dicha prórroga.

“Lo que en apariencia resolvió el juez es que son 10 días; no nos han notificado, pero ya lo platicamos con ellos y al parecer podrá darse una prórroga, en el entendido de que ellos no estaban enterados, o no es algo cotidiano para ellos, el saber que estamos en receso y que no se puede ahorita aprobar la ley hasta que inicie el siguiente periodo”.

El Poder Judicial determinó en días pasados requerir a los legisladores para que den cumplimiento a la sentencia de la SCJN, con la advertencia de que, de no hacerlo, será iniciado un procedimiento de inejecución de la sentencia, el que podría concluir hasta en la separación del cargo y la consignación.