Necesario garantizar derechos plenos a personas con enfermedades mentale

México, 7 Feb (Notimex).- Los derechos jurídicos y de salud de las personas con algún trastorno mental son parcialmente cumplidos, ya que la falta de recursos económicos y existencia de leyes inflexibles impiden su cabal cumplimiento, indicaron expertos.

En el seminario “El derecho y la salud mental”, especialistas en derecho y la ex directora del Instituto Nacional de Psiquiatría, María Elena Medina Mora, señalaron que este grupo de población debe ser atenido por la nueva administración federal. 

La especialista advirtió que aproximadamente 30 por ciento de la población tendrá un trastorno mental en algún momento de su vida, y comentó que los que han sido diagnosticados solamente 19 por ciento han recibido tratamiento.

La cobertura de atención es uno de los principales retos, así como la atención psicosocial porque son segregados de la comunidad; no hay trabajos aptos para su condición de salud y no se les reconoce como personas con una enfermedad crónica que requieren atención médica constante.

Debido a que se destina únicamente 2 por ciento del presupuesto del sector a la atención de enfermedades mentales como ansiedad, depresión, bipolaridad, trastorno limite de la personalidad, esquizofrenia, entre otros, es necesario rediseñar los programas y hacer más eficiente el gasto.

El ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cosío, detalló que en las leyes están adecuadamente plasmados los derechos de las personas con una enfermedad mental, pero afirmó que en la práctica no se cumplen. 

En el programa gubernamental de atención es importante no dejarlos desprotegidos, ya que legalmente con un recurso de amparo, se puede exigir el derecho a la atención plena de este sector de la población, comentó.

Mientras que Mariana Mureddu Gilabert, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, consideró que la discapacidad de las personas con alguna enfermedad mental debe considerarse de la misma forma que cualquier otra discapacidad.

Expresó que se debe transitar a nuevos modelos de justicia que contemplen la discapacidad mental y eliminar las barreras que impiden la reinserción social de las personas con algún trastorno mental que han cometido algún delito.

Mencionó que son principalmente aspectos de carácter psicosocial los que generan discriminación y aislamiento de esta población.

 

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