Con 7 años de cárcel y casi 90 mil pesos se sancionará la toma de casetas con fines de lucro

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación para castigar hasta con siete años de prisión y una multa equivalente a más de 86 mil 880 pesos a quienes tomen las casetas en las carreteras del país con fines de lucro, tema que dividió y confrontó a legisladores de Morena y del Partido del Trabajo por considerar que se criminaliza la protesta social.

Fueron 344 votos a favor, 85 en contra y 24 abstenciones del proyecto que fue fundamentado por el panista Víctor Manuel Pérez Díaz, durante la última sesión del periodo ordinario que fue clausurado este martes.

“De esta forma, se establece que quienes obtengan un lucro, impidan el cobro o condicionen de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte que circulan en las vías generales de comunicación serán sancionados con seis meses a siete años de prisión y multa de 750 a mil Unidades de Medida y Actualización vigentes”, puntualiza el dictamen.

Asimismo, prevé aumentar a nueve años de prisión la pena máxima para quien dañe, perjudique o destruya las vías generales de comunicación o los medios de transporte, interrumpa la prestación del servicio u operación de las vías generales comunicación o restrinja de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte que circulan por éstas.

De acuerdo con el dictamen, las pérdidas documentadas en 2019 y 2020 por la toma de casetas y el llamado “boteo” ascienden a cerca de 7 mil millones de pesos, mientras los bloqueos a las vías férreas se han incrementado este año 119 por ciento respecto al anterior, con una duración promedio de doce días.

Sin embargo, el tema confrontó a morenistas y petistas. Algunos diputados como Lorena Villavicencio, Irán Santiago e Irma Juan Carlos y Gerardo Noroña, entre oros, criticaron la reforma al afirmar que se criminaliza la protesta social por lo que emitieron su voto en contra.

La mayoría de la bancada de Morena votó a favor de la reforma al rechazar esa afirmación de sus correligionarios, y dijeron que la reforma busca que se castigue a quienes toman las casetas con fines de lucro. Señalaron que no todos los que incurren en esas prácticas lo hacen para protestar por algo, sino para tener un lucro económico.

El priista Jesús Sergio Alcántara Núñez, señaló que muchos de estos bloqueos no solamente son realizados por personas que tienen una justificación, “y a ellos hay que darles el derecho, pero está por encima la ley”.

“Estamos en contra de los bloqueos que son realizados por grupos delincuenciales que toman las instalaciones carreteras y casetas con lujo de violencia y con intereses económicos ilegítimos, lo que se traduce en pérdidas millonarias, tanto para los particulares como para el erario público”.

Dijo que de acuerdo con la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial, que el año pasado, el 2019, se tuvo una pérdida por más de tres mil millones de pesos, y que en este año, al mes de septiembre, se lleva una pérdida mayor de tres mil 200 millones de pesos al erario público.

“Si a eso le sumamos las pérdidas de los concesionarios, de los dueños del transporte público de carga que se pasan horas para poder transitar, para poder pasar una caseta, al transporte de pasaje, tanto local como foráneo, quienes no solamente les piden una cuota para pasar, para poder transitar, sino además el tiempo que pierden, ese es mucho dinero para concesionarios”, comentó el priista.